En el mismo, recordó a los fiscales que «habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos». En concreto, indicó que habrá que garantizar «aquellos señalamientos que, fijados con anterioridad para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, se hayan mantenido por parte del órgano judicial que los acordó».
Asimismo, señaló que las jefaturas deberán comunicar a la Inspección Fiscal «las incidencias que se hayan producido, en su caso, en relación con la prestación de los servicios competencia del Ministerio Fiscal en las referidas fechas».
El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que García Ortiz respondió de esta forma al requerimiento que le habían hecho AF y APIF para comunicarle la huelga y emplazarle a que fijara servicios mínimos. Para ambas asociaciones, tales directrices suponen una «infracción» del derecho fundamental a la huelga, «que necesariamente implica la confluencia de muchos en la suspensión de la actividad laboral como legítimo medio de presión». «Como todo derecho fundamental no es absoluto, puede estar sometido a limitaciones debidamente explicitadas y justificadas para no atentar contra el contenido esencial del mismo», dicen.
No obstante, subrayan que «los requisitos del ejercicio del derecho de huelga son fijados por el legislador ordinario sin sobrepasar los límites impuestos por las normas constitucionales», sin que puedan establecerse «límites arbitrarios, ni que sean tan difíciles de cumplir que en la práctica hagan imposible el ejercicio del derecho».
En este caso, aducen, «resulta obvio que la finalidad de toda huelga es perturbar el normal desarrollo de la actividad de que se trate, siendo esta la actividad judicial resulta palmario que el recuerdo que hace el escrito contiene una negación del derecho de huelga al que vacía absolutamente de contenido».
Destacan, además, que la negativa de García Ortiz a fijar servicios mínimos no solo contrasta con dichas indicaciones, sino que «es contradictoria con los actos previos emanados de la propia Fiscalía General del Estado (FGE) con ocasión de una convocatoria de huelga anterior», en 2018. Al hilo, recuerdan que «en noviembre de 2018 se anunció por la totalidad de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales la convocatoria de una jornada de huelga para el día 19 y, como ahora, las asociaciones de fiscales dirigieron escritos a la FGE comunicando la convocatoria e instando al establecimiento de servicios mínimos».
Entonces, con Dolores Delgado como ministra de Justicia y María José Segarra como fiscal general del Estado, ésta última emitió un escrito, que citan, donde indicaba que ante la convocatoria de huelga la FGE se veía «obligada en un doble sentido», por un lado, a hacer seguimiento de la misma para evaluar su impacto y, por otro, a fijar servicios mínimos «evitando así que se produzcan daños irreparables».
A AF y APIF les «llama la atención» que la FGE «haya abdicado de su obligación actuando en contra de sus propios actos» pero al mismo tiempo quiera ejercer «ese control, imponiendo a los fiscales jefes la obligación de comunicar cualquier incidencia» y a todos los fiscales la de acudir a dichos señalamientos. «De esta manera la FGE conocerá quién o quiénes secundaron la huelga, no sabemos con qué objetivo», avisan. Con todo, las asociaciones piden anular el escrito de García Ortiz, esgrimiendo que «resulta palmario que en tales condiciones, y ante la inminencia de las jornadas de huelga anunciadas, el mantenimiento de la ejecutividad del acto podría influir en el ánimo de quienes quieren ejercitar su derecho de huelga (…) haciendo imposible la reparación ulterior del perjuicio causado».
La huelga, convocada por la AF y APIF en el ámbito fiscal y por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) –todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)–, vivió el lunes su primera jornada con un seguimiento que las convocantes han cifrado en un 75% y el Ministerio de Justicia, en un 28%. Las asociaciones protestan contra las reformas del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía al entender que atentan contra la independencia judicial y, por ende, contra el Estado de Derecho, algo que el departamento que dirige Félix Boñaños niega, al tiempo que insiste en que los cambios son «imprescindibles» para modernizar la administración de justicia.
En la rueda de prensa que ofrecieron los portavoces de las asociaciones convocantes, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ya denunció que las directrices de García Ortiz «prácticamente hacían imposible que el fiscal hiciera huelga si no la hacía el juez correspondiente».
En la misma línea, AF y APIF dirigieron el 28 de junio un comunicado a la carrera advirtiendo de que, «pese a ser el derecho de huelga un derecho individual, el FGE hace depender su ejercicio, en el caso de los fiscales, del ejercicio al derecho de huelga del juez correspondiente, de modo que convierta al fiscal en mera comparsa del juez».
