El representante del Ministerio Público asignado a este asunto ha respondido en defensa del titular de la cartera de Justicia, al considerar que no hay indicio alguno de los dos presuntos delitos de malversación de fondos y falso testimonio que le atribuye el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
En el escrito presentado por el fiscal jefe penal del Supremo (TS), Fernando Prieto, se sostiene que no hay sustrato alguno que respalde la decisión por la que Peinado se ha dirigido al Alto Tribunal para solicita, formalmente, la investigación de Bolaños por la contratación de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que se incorporó como asesora de Begoña Gómez, en el momento en el que era secretario general de Presidencia.
El fiscal Prieto pertenece a la órbita de confianza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su vez procesado por un delito de revelación de secretos. De hecho, poco antes de su nombramiento para el cargo, como reveló este diario en exclusiva, Prieto manifestó entre sus compañeros de Carrera que le parecía «excesivo» que García Ortiz dimitiese si, finalmente, como ha sucedido el Alto Tribunal decidía primero investigarle y, más tarde, enviarle a juicio oral.
Frente a la posición del juez Peinado, que entiende que «la competencia para continuar la instrucción de la causa», al ser Bolaños aforado, corresponde al Supremo, para «el total esclarecimiento de los hechos recogidos» en la pieza relativa a la contratación de la ayudante de la mujer de Pedro Sánchez –quien, presuntamente, intervino en sus actividades profesionales particulares desde La Moncloa–; la Fiscalía entiende que los argumentos del magistrado no se sostienen.
En el mismo sentido, el Ministerio Público también se opone a la práctica de las diligencias de investigación instadas por Peinado al Supremo «ante la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar» algunas pesquisas más «que afectasen de manera directa al aforado don Félix Bolaños García» y de las que es posible que «se deriven» nuevos indicios en los dos ilícitos referidos. Un razonamiento que el fiscal Prieto considera que responde a un intento cuasi prospectivo por atribuir a Bolaños una responsabilidad penal que, a juicio de éste, no se corresponde con lo sucedido.
A partir de ahora, será el turno de la Sala de Apelaciones que, en próximas fechas, tendrá que tomar una decisión sobre el futuro judicial del ex secretario general de Presidencia, hoy ministro de Justicia, en el momento en el que se produjeron los hechos que para el instructor son susceptibles de mayor indagación.
Así las cosas, en la Sala Segunda del Supremo se abrirán tres posibles escenarios para Bolaños. El primero, la inadmisión, como pide la Fiscalía al entender que no hay razones para proceder contra él, ni siquiera investigar mínimamente su actuación en el asunto de la secretaria de Begoña Gómez. El segundo, que se admita la petición del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y, por lo tanto, se pase a designar un nuevo instructor que, desde entonces asumirá la dirección jurídica del caso.
Y, por último, uno de los que parece más probable: que el TS entienda que, aún habiendo razones indiciarias suficientes para proceder contra el ministro de Justicia, el Supremo considere que las diligencias que solicita el juez Peinado, de manera simultánea a la imputación de Bolaños, no afectan a su condición de aforado y, en consecuencia, pueden ser practicadas por el propio magistrado que, una vez recopiladas, podría enviarlas de nuevo al Alto Tribunal para, entonces, actuar con una base indiciaria más completa y contundente.
