En una providencia con fecha de este martes, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha instado a recopilar ese tráfico de llamadas vinculadas con la OMT, Indra, Google Spain, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa, Reale “o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los masters o cátedras” en las que pudo participar la esposa del jefe del Ejecutivo. “Líbrese mandamiento a la operadora de dicho número para que remita relación de llamadas emitidas y recibidas desde el día 16 de julio de 2018, fecha del nombramiento de Cristina Álvarez [como asesora de Gómez en La Moncloa], hasta el día de la fecha, encargándose de su gestión la UCO de la Guardia Civil, quien informará a este Juzgado de las llamadas entrantes y/o salientes”, señala Peinado, que añade a ese listado “las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a los números vinculados con Carlos Barrabés y su grupo de empresas”.
Peinado lleva más de un año con la investigación a la esposa de Sánchez por los presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral dentro de su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El magistrado citó a la asesora Álvarez para declarar como testigo el pasado diciembre, después de que diversas informaciones periodísticas asegurasen que esta dedicaba parte de su tiempo laboral para ayudar a Gómez en su trabajo en la Complutense, como enviar correos electrónicos a empresas que colaboraban con Gómez. La asistente de la esposa del presidente declaró que solo le hizo favores en sus proyectos académicos por su relación de amistad y Peinado le notificó en enero que cambiaba su estado procesal de testigo a investigada.
Tanto Álvarez como la defensa de Gómez y la Fiscalía interpusieron un recurso contra la imputación por el delito de malversación, el cambio de testigo a imputada de la asesora y el requerimiento del tráfico de llamadas desde el teléfono móvil que le fue asignado. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó la semana pasada todos estos recursos menos uno: la anulación de la primera declaración de Álvarez como testigo. “Visto el contenido del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, conforme lo dispuesto, se tiene por nula la declaración prestada en calidad de testigo por Cristina Álvarez en las presentes actuaciones”, ha incluido el juez en la providencia.
Sobre el auto de la Audiencia, el Peinado ha redactado una adenda —documento que se agrega a un expediente judicial para aclarar, complementar o alterar alguna parte del proceso— respecto a los indicios del posible delito de malversación de caudales o fondos públicos y la posible participación del ministro de la Presidencia Félix Bolaños mientras era secretario general de Presidencia, organismo responsable de la contratación de la asesora de Begoña Gómez.
Los magistrados de la Audiencia apuntaron a La Moncloa y, en concreto, a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno por una “estructura institucionalizada de poder” que permitió “una clara y palmaria desviación” del trabajo de Álvarez y que pudo utilizarse “desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados”. Peinado valora positivamente la “fundamentación jurídica” por los “poderosos argumentos que” a su juicio “refuerzan las tesis sostenidas”.
Las “tesis sostenidas” a las que se refiere Peinado son las que incluyó en la exposición razonada que presentó el 24 de junio ante el Tribunal Supremo para que impute a Bolaños como presunto autor de los delitos de falso testimonio y malversación en este caso. En ese escrito, el instructor considera que el actual ministro de la Presidencia mintió cuando le tomó declaración como testigo en abril y sostiene que tenía la responsabilidad directa en la contratación de la asesora de la esposa del presidente en 2018.
