Se trata del mismo porcentaje de miembros de la Comisión Ejecutiva que cobran una nómina pública que hace presuntamente incompatible cualquier otra percepción del partido. Es decir, casi medio centenar del equipo de Sánchez en el PSOE no cobran del partido sino que depende del sueldo de alguna Administración en que han sido ubicados gracias a Sánchez. Sólo cinco son funcionarios mientras que la mayoría no ha desempeñado actividad profesional conocida en el sector privado sino que han hecho ‘carrera’ laboral al amparo del partido.
Según los cálculos realizados, esa cincuentena de cargos socialistas cobra en su conjunto casi cinco millones de euros anuales del erario público y es Sánchez quien decide su futuro salarial. Todos los miembros de la Ejecutiva con nómina pública ocupan puestos de su confianza: hay siete ministros (los de mayor cercanía a Sánchez); 13 diputados nacionales; cinco senadores; tres europarlamentarios; tres diputados autonómicos; siete alcaldes; tres concejales; cuatros Delegados autonómicos del Gobierno; dos altos cargos de la Administración Central; un consejero delegado de una empresa pública; así como un representante en un organismo social europeo. Y sólo tres miembros parecen no tener un sueldo público sino que sus emolumentos pueden proceder del partido. Todo esto significa que los salarios actuales y futuros, sobre todo si Sánchez sigue, sale o si pierde las elecciones, dependen directamente del ‘capitán’ ya que el PSOE apenas tiene habilitados fondos de su presupuesto para pagar a estos cargos.
Por ejemplo, en la última Memoria de sus cuentas anuales correspondientes a 2023 (página 44) se señala que el partido sólo ha gastado 185.326,40 euros (mil euros menos que en el ejercicio anterior) en “Retribuciones a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal con contrato laboral y al personal de alta dirección” del partido.
De esta manera, es evidente que Sánchez tiene en su puño al partido. Lo ha configurado a su antojo en todos los niveles, separando o marginando a los que no comparten su ideario personal y en detrimento de la conveniente democracia interna. Nadie discute sus decisiones porque no saldría en la ‘foto’. Él decide quién figura en los órganos representativos, quién va en las listas electorales, sobre todo en los lugares destacados que facilitan un cargo político, y quién debe ser recompensado con un nombramiento público que le asegure la percepción de una nómina pública al menos durante cuatro años.
Todo esto sucede también en otros partidos: las elecciones se han convertido en una lucha por el poder para acceder y otorgar una colocación que facilite un seguro sueldo público. Apenas tienen peso las ideologías. La mayor parte de los currículos de los dirigentes políticos y altos cargos dejan vacía la casilla de empleos anteriores y no pueden demostrar, por ejemplo, que han trabajado en el sector privado o que hayan dirigido o creado una empresa.
La Ejecutiva federal está compuesta por personas de inquebrantable lealtad a Sánchez (Cerdán es la primera excepción conocida). Ha incluido también a algunos miembros en representación de sus ‘barones’ autonómicos (sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco) y del ámbito local así como a amistades y compromisos personales. Algo similar ocurre con los 300 miembros del Comité Federal, principal órgano entre Congresos y en el que también se incluye a la Ejecutiva. Entre los que mayor salario público perciben se encuentran, por ejemplo, los tres eurodiputados (Hana Jalloul, Iratxe García y Javier Moreno), responsables respectivamente de las secretarias de Política Internacional, de la UE y miembro de la Ejecutiva por ser el presidente de la delegación socialista en el parlamento europeo. Su sueldo individual, incluidas las dietas, supera los 180.000 euros anuales (las dietas no tributan y la remuneración tiene un tipo fijo del 25% por IRPF que abonan en Bruselas).
Por debajo de este umbral salarial figura el secretario de Estado de Política Territorial (Arcadi España) que es el secretario de Transportes de la Ejecutiva. Siempre ha ocupado cargos públicos. Fue director general del ministerio de la Presidencia del Gobierno con Sánchez así como Conseller en la Generalitat de la Comunidad Valenciana de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y también de Hacienda. Percibe más de 132.000 euros anuales. En este baremo (incluidas las dietas que no tributan a Hacienda) se encuentra Guillermo Fernández Vara, senador (vicepresidente segundo de la Cámara) por designación de le la asamblea extremeña y secretario de política autonómica del partido. Fue presidente de la Junta así como secretario general socialista en esta región. Es de los pocos que es funcionario (forense). En este rango, y con más de 120.000 euros de sueldo, aparece también Alfonso Rodríguez, diputado por Sevilla y vicepresidente primero de la Mesa del Congreso (procede de las Juventudes Socialistas desde 1987). Fue delegado del Gobierno en Andalucía.
Por encima de los 100.000 euros de nómina pública se encuentran: César Mogo (secretario del PSOE del Exterior), senador por Lugo en la actualidad, y ex director general de Asuntos Internacionales de Presidencia con Sánchez; Pilar Bernabé (secretaria de Igualdad de la Ejecutiva), actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana; María Jesús Montero (vicesecretaria general de la Ejecutiva) y vicepresidenta, ministra de Hacienda y diputada por Sevilla; el propio Pedro Sánchez (con 107.000 euros brutos de ingresos); Manuela Villa (Secretaria de Cultura y Deportes), actual directora general de Asuntos Culturales de Presidencia del Gobierno con Sánchez; Sabrina Moh (vocal de la Ejecutiva), Delegada del Gobierno en Melilla; Milagros Tolón (vocal), actual Delegada del Gobierno en Castilla La Mancha; Montse Mínguez (secretaria de Trabajo), diputada del PSC por Lleida; y, por ejemplo, Patxi López (secretario de Política Federal), actual diputado por Vizcaya y portavoz del grupo socialista en el Congreso de los diputados.
Hay que añadir a Borja Cabezón (secretario de Acción Democrática y Transparencia), uno de los cargos de confianza en quién Sánchez ha depositado la secretaría de Organización socialista de forma interina (junto a Mínguez y Cristina Narbona) que hasta ahora ocupaba Cerdán. Cabezón, amigo personal de Sánchez, fue director general de Asuntos Nacionales de su gabinete. Es en la actualidad consejero delegado de la empresa pública ENISA, que depende del ministerio de Industria cuyo titular es Jordi Hereu (que es a la vez secretario de Industria de la Ejecutiva socialista). Curiosamente el PSOE le investigó por una presunta adulteración del censo electoral en las primarias a la secretaria general en 2017 que podría haber favorecido a Susana Díaz. Pero, la Comisión Ética del partido con Bolaños y Celáa al frente rechazó proceder contra Cabezón.
Ligeramente por debajo de los 100.000 euros de sueldos públicos se encuentran los ministros de Vivienda (Isabel Rodríguez, secretaria de Vivienda de la Ejecutiva); de Justicia y Presidencia (Félix Bolaños, secretario de Justicia); de educación y portavoz del Gobierno (Pilar Alegría, vocal ); de Transporte (Óscar Puente, vocal); o la de Inclusión y Seguridad Social (Elma Sáiz, secretaria de Emprendimiento), así como varios diputados (también autonómicos) y senadores y, por ejemplo, otros delegados del Gobierno así como alcaldes y concejales de Á Coruña, Vigo, Bilbao, Fuenlabrada, Cieza, Vall de Usó, o Madrid.
Curiosamente, entre los que parece que ahora no tienen una nómina pública en el ‘batallón’ del ‘capitán’ Sánchez, destaca la presencia (se supone que cobra del PSOE) de Anabel Mateos para quién se inventó la secretaría de Municipios del Litoral de la Ejecutiva en el último Congreso. Mateos ha sido ex concejala en Roquetas y diputada provincial por Almería. Se declara consultora política. Fichó por el lobby del ex ministro José Blanco (ex secretario de organización del PSOE con Zapatero) y también ha trabajado en la consultora de Gaspar Zarrias (ex alto cargo también con Zapatero y de la Junta de Andalucía, que apareció implicado en el escándalo de los ERES). Anabel Mateos está casada con Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Hernando fue uno de los hombres de confianza de Sánchez en La Moncloa (fue adjunto al Gabinete de Presidencia).
Todo esto confirma que la manduca del equipo de confianza de Sánchez en el partido y en el Gobierno dependen de las decisiones y del futuro de su “capitán”, si el sigue, ellos y sus familias comen.
