Así lo ha avanzado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Suárez Corujo, durante su comparecencia en el Congreso este miércoles, en la que ha recordado que esta reforma ya estaba encima de la mesa del Ministerio de Seguridad Social, pero que ahora se ha rebautizado como reversible. Suárez ha recordado que el texto ya se había planteado en la Mesa del Diálogo Social donde se reúnen sindicatos y patronal y se llegó al compromiso de empezar a tramitarlo como un proyecto legislativo.
Pese a que la vuelta al empleo ya está recogida en la legislación, la normativa recogida en un decreto del 2002 hace «muy restrictiva» y «muy poco atractiva» la vuelta al trabajo una vez jubilado: «Creemos que hay un margen importante para establecer incentivos», ha insistido, sin dar más detalles sobre los mismos.
El secretario de Estado ha desglosado algunos datos que han resultado de la reforma para regularizar y compatibilizar mejor el trabajo y la pensión que se aprobó en enero vía decreto ley. A partir de esta reforma, las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% del total de las nuevas altas, frente al 4,8% que suponían en 2019, lo que ha llevado la edad media de acceso a la jubilación a los 65,2 años, frente a los 64,4 años de 2019; sólo en lo que va de año, el crecimiento interanual frente al acumulado en mayo de 2024 muestra un crecimiento del 25,3% para las jubilaciones demoradas.
También ha destacado Suárez que a partir de esa reforma se permitió compatibilizar los incentivos de demora con la jubilación activa, la que se permite trabajar y cobrar parte de la pensión. En datos del Ministerio de Seguridad Social, el total de personas que solicitan acogerse a esa modalidad de jubilación activa, el 75% son autónomos y, a su vez, el 81% son hombres.
