Dicho organismo estará integrado por consejeros independientes y tendrá vocación de permanencia para entrar en funcionamiento ante casos similares en el futuro. Según ha comunicado la propia compañía en un hecho relevante, los miembros de la cúpula han adoptado por unanimidad esta decisión «para supervisar el cumplimiento de las reglas aplicables para la correcta gestión de los conflictos de interés». Indra también señala que capacitará a un director independiente principal para proponer a la Junta -después de consultar al resto de los directores de dicho órgano- las reglas de funcionamiento.
La decisión de creación de una comisión se suma a la tomada por la consejera independiente Santamaría, que ha presentado la dimisión de su cargo, de forma irrevocable y aludiendo a «motivos personales», momentos antes de que la cúpula de la tecnológica adoptara aplazar la fusión con Escribano. Entre otras consideraciones, subyace el reciente anuncio de incorporación de Santamaría en el consejo de Mapfre, previsto para finales del próximo octubre.
Los planes iniciales de la empresa pública pasan por formalizar la adquisición en el último trimestre del año, pero sin desvelar pistas sobre el importe. Fuentes del mercado estiman que la empresa familiar, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de equipamiento y soluciones de Defensa, podría alcanzar un valor próximo a los 1.300 millones de euros en caso de fusión, cuantía que se podría abonar con un modelo mixto, con el pago repartido en efectivo y en acciones de la multinacional española.
En este último supuesto, y en espera de conocer la participación que será objeto de transacción, todo apunta a que Escribano aumentará su peso en el accionariado de Indra. Dicha participación actualmente se sitúa en el 14,30%, pero sin que el incremento en el capital alcance el límite del 30% de los títulos con derecho de voto, umbral de aceptación de una oferta pública de adquisición (opa). En este caso, su posición en el accionariado de la tecnológica se pondría al nivel de la Sepi, máximo accionista con el 28% del capital.
Esta situación ha provocado la división interna en el consejo de Indra durante las últimas semanas, con las voces discrepantes de Jokim Aperribay, consejero dominical de Indra en representación de Sapa (empresa que controla el 7,94% del capital de la multinacional). En el mismo sentido, según apuntan fuentes del mercado, se posicionan dos consejeras independientes, cuyo mandato concluyen el próximo otoño (Belén Amatriaín y Coloma Armero). Esa situación ya fue objeto de denuncia en la última junta de accionistas de Indra, por parte de un consejero quien en el turno de preguntas pidió explicaciones al presidente sobre una posible situación de incompatibilidad que pudiera producirse con la compra de Escribano. Fue Revuelta, quien consideró que la operación en ciernes representa una amenaza para la compañía, así como susceptible de generar un «grave quebranto patrimonial», junto con «posibles peligros reputacionales y legales no solo en España sino a nivel internacional».
Pese a que el interés de Indra por Escribano es un clamor en el mercado, el consejero delegado de la multinacional, José Vicente de los Mozos, eludió cargar las tintas sobre el asunto al apuntan que se trata de una de las empresas sometida a análisis dentro de la estrategia de fusiones y adquisiciones entre una veintena de opciones, para cumplir con el objetivo de convertirse en el tractor del sector de la Defensa en España y ganar tamaño para competir con los gigantes europeos y mundiales del sector. Hace apenas dos meses, el CEO de Indra indicó que dicho estudio de la compañía se encontraba en «una fase preliminar»
