Un ‘cupo catalán’ que nace con voluntad «federal» y que pretende ser el faro que guíe una reforma general del sistema de financiación autonómica. «Es un cambio de paradigma», aseguran fuentes del gobierno catalán, sobre un acuerdo que consideran «bilateral pero generalizable» al resto de autonomías, y que no incluye ni cifras concretas, ni porcentajes ni calendarios de actuación. «Es un primer paso: se presenta una estructura, un esquema y unos principios», insisten desde la Generalitat.
La base del modelo es que Cataluña recaude el 100% de los impuestos y defina una «cesta de tributos» –calculada, dice el texto, a partir de «criterios objetivos y comprobable»–, de la cual se entregará una cuota de «solidaridad» al Estado por las competencias «homogéneas»; esto es, las compartidas entre todas las autonomías.
Esta solidaridad, no obstante, quedará limitada por el principio de «ordinalidad». A mayores, el modelo prevé una «financiación adicional» para las competencias «singulares» de Cataluña, que no está definido cómo se calculará, e incluso si se negociará será año a año. El texto también incluye la eliminación del mecanismo de anticipos, por el que las entregas a cuenta se realizan dos años más tarde. Como sea, la intención de los socialistas es que este acuerdo negociado a puerta cerrada con una formación independentista sea la base de una reforma del modelo de financiación autonómica. «El Gobierno pone la estructura de un modelo generalizable», aseguran.
Un modelo suscrito por el ministro de Política Territorial y el consejero de Presidencia, que busca dotar de capacidad fiscal a las comunidades autónomas y eliminar varios fondos de compensación recogidos en el modelo actual, caducado desde 2014.
La segunda parte del texto describe la ‘musculación’ de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que deberá crecer hasta adquirir la citada capacidad de asumir el 100% de los tributos en Cataluña. El año pasado, la ATC gestionó unos 5.000 millones de euros, y la previsión del gobierno catalán es que hacer lo mismo con el IRPF suponga mover un volumen de unos 30.000 millones.
El IRPF es, de hecho, el primer gran objetivo que marca el acuerdo: desde la Generalitat prevén gestionarlo íntegramente «a partir de 2026» y de forma progresiva, aunque ya asumen y reconocen que no será el 1 de enero por incapacidad técnica. Esto supone, de hecho, el incumplimiento de lo que venía defendiendo el ejecutivo de Illa hasta ahora.
De cualquier forma y como ya se ha dicho mas arroba, para que la nueva financiación vea la luz y la Generalitat pueda recaudar sus impuestos de forma progresiva -empezando por el IRPF- son imprescindibles cambios legislativos. Es necesaria la reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades (LOFCA), así como dos normas más, que exigen mayoría absoluta en el Congreso. Con la intención de presionar al Gobierno para que blinde el rol de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y no demore su despliegue, ERC anunció el sábado que presentará en solitario -sin esperar al PSOE- la proposición de ley que debe articular estos cambios normativos. Junqueras no quiere una Hacienda catalana en posición de “subordinación” a la Agencia Tributaria y se impacienta con la falta de “concreción” del Ministerio de Hacienda Montero.
Junts no está de acuerdo
Minutos antes de que empezase la reunión entre los representantes del Gobierno y la Generalitat, ha comparecido en rueda de prensa el vicepresidente de Junts, Castellà, considerando «muy decepcionante» el acuerdo y lamentando que «no hay nuevo modelo de financiación, ni singular ni plural».
Castellà ha evitado confirmar el sentido del voto de su grupo en el Congreso de los Diputados, pero sí ha amenazado con bloquear la tramitación de las reformas necesarias en Madrid, diciendo que «hasta ahora no hay ningún motivo para avalarlas».
