Además, se fijaba una normativa específica sobre baterías, la primera del país. ERC ha negado su apoyo a la medida como represalia al acuerdo de financiación singular alcanzado este lunes, mientras que los Comuns han ofrecido su respaldo con condiciones y el Partido Popular estaba dispuesto a dar el sí. El Decreto Ley fue aprobado a principios de junio en Consell Executiu con el doble objetivo de regular e incentivar el almacenamiento de energía mediante la instalación de baterías, que aportan estabilidad y resiliencia a la red eléctrica; y de acelerar y agilizar las autorizaciones de los proyectos de parques solares fotovoltaicos y eólicos. En concreto se declararon de interés público superior los proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables, sus líneas de conexión a la red eléctrica y las instalaciones de almacenamiento.
«ERC es abiertamente favorable a agilizar el despliegue de las energías renovables en un contexto de emergencia climática. Ahora bien, que la descarbonización sea innegociable no quiere decir que se tenga que hacer a cualquier precio. ¿Renovables? Y tanto. Pero de acuerdo con el modelo de despliegue que ERC ha defendido siempre: participado en su gobernanza, con consenso territorial y respetuoso con el suelo agrario y el paisaje», defienden desde la formación que lidera Junqueras.
El partido asegura que ha intentado negociar hasta el último momento para llegar a un acuerdo con el Govern. «Abrirlo a proyecto de ley posteriormente no garantizaba la seguridad jurídica suficiente teniendo en cuenta que el contenido del decreto seguiría vigente. Por este motivo, celebramos que el Govern haya retirado el decreto», apuntan desde el partido. Desde ERC no están de acuerdo en que se declaren de interés público superior a todos los proyectos renovables porque, a su juicio, esto tan solo tiene «afán de lucro privado». «Esto provocaría que cualquier proyecto privado de una empresa podría pasar por delante del interés colectivo y sin tener en cuenta el equilibrio y el consenso territorial», argumentan. No obstante, las fuentes consultadas por este medio afirman que también ha influido en su decisión el pacto entre el PSC y el Gobierno central para sacar de la caja común los impuestos de la autonomía, entre los que sobresale el IRPF.
Por su parte, en Junts señalan que enviaron una carta hace un mes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que se retirara el decreto al no haber, en su opinión, ni un «mínimo consenso» con los agentes locales y campesinos. «El Govern del PSC es campeón en incumplimientos. Tendría que venir humildemente pactado de casa y no ningunear al Parlament. Hoy lo hemos vuelto a comprobar cuando ha retirado el decreto sobre la resiliencia del suministro eléctrico», ha dicho el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, en su cuenta de X.
«Hay un antes y un después de este Decreto ley. Así de trascendente es. Por primera vez se asume el liderazgo político frente ante la necesidad de desarrollar almacenamiento, que es una pieza clave del engranaje del nuevo mix energético. No podemos desarrollar más renovables si no incluimos el almacenamiento. Es como si estamos construyendo motores de coches y no construimos las ruedas. El almacenamiento es un elemento esencial. Pero hay que tener coraje político para dar el paso hacia adelante. Y el Decreto ley catalán es impecable», apuntaba Luis Marquina, presidente de la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (Aepibal), en conversación con este medio pocos días después de aprobarse el decreto.
La normativa también introducía por vía de urgencia medidas reguladoras de las instalaciones de baterías con una potencia superior a los 500 kilovatios (kW). De este modo, se modificaba el Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, así como la normativa urbanística para su inclusión en el ámbito de aplicación, estableciendo criterios tanto para las instalaciones de almacenamiento independientes como para las vinculadas a parques eólicos y solares.
De su lado, los proyectos de autoconsumo de entre una potencia de 100 y 500 kilovatios volverán a tener autorización administrativa, afectando, mayoritariamente, a proyectos impulsados por pymes. Con la normativa en cuestión el proceso se simplifica a una comunicación previa o licencia municipal.
«Esta normativa pionera cae y, por lo tanto, Cataluña pierde su oportunidad de ser líder en baterías, porque ahora no se podrán poner baterías al lado de las líneas de alta tensión, se tendrán que poner en zonas industriales y se impide poder traspasar los proyectos, eso quiere decir que caen decenas de megavatios de promotores que a lo mejor no iban a construir pero iban a traspasar los permisos. Cae la modificación de la normativa urbanística para facilitar la implantación de renovables allí donde tenga sentido, es decir, es un mazazo. Cataluña quería volver a ser pionera en renovables y por cuestiones políticas es un paso atrás. Es muy decepcionante», denuncian fuentes del sector.
El Decreto Ley incluía modificaciones en materia urbanística para integrar mejor las instalaciones renovables y de almacenamiento en la planificación del territorio. Otra reforma clave era que, en suelo no urbanizable, las instalaciones de almacenamiento con baterías se consideraban servicios técnicos de infraestructura de utilidad pública o interés social a efectos urbanísticos y se podían tramitar mediante un PAE. Asimismo, en suelo urbano de tipo industrial, las instalaciones de almacenamiento y de producción de energía renovable de autoconsumo se asimilaban, siendo compatibles con los usos industriales, logísticos o de actividad económica en estas zonas
La medida queda derogada en un contexto en el que Cataluña necesita multiplicar por cinco su capacidad de generación renovable actual para alcanzar el objetivo de la Prospectiva Energética de Catalunya (PROENCAT) para 2030 y por 22, para el 2050. En concreto, a la comunidad autónoma a le falta el 79,6% del objetivo de la PROENCAT para alcanzar los 35,1 teravatios hora (TWh) de energía eléctrica de origen renovable previstos para 2030, según datos presentados este miércoles por el Observatori de les energies renovables (Obercat).
En el año 2024, el gran impacto de la energía hidroeléctrica, por la recuperación de los caudales de los ríos tras tres años de sequía y de generación de mínimos, ha permitido a las energías renovables cubrir el 16,2% de la demanda eléctrica y generar el 19,1% de su producción. Pero, para alcanzar los objetivos de la PROENCAT para 2030 habrá que multiplicar por cinco la capacidad de generación actual, especialmente de eólica terrestre y solar fotovoltaica», recoge el Informe de Situación 2024 del progreso de la implantación de energías renovables en Cataluña–Objetivos 2030 / 2050.
Cataluña se ha visto perjudicada frente a otras regiones debido las trabas políticas. En 2009 se aprobó una legislación muy restrictiva, que solo permitía hacer plantas de menos de tres hectáreas. Esto, combinado con el parón de las primas de 2012, hizo que entrara en una sequía de proyectos. Con el fin de facilitar el crecimiento ‘verde’ y la instalación de paneles solares sobre las cubiertas de las construcciones y otros espacios urbanos, el Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, modificó la Ley de urbanismo. Acabó con las limitaciones de superficie y distancia establecidas en el caso de instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre suelo no urbanizable.
De su lado, con el Decreto-ley 24/2021 se introdujeron una serie de medidas para lograr una mayor aceptación social al despliegue de plantas, aunque provocó el efecto contrario en muchos promotores. La normativa obliga a que los parques con potencia superior a 5 MW y situados en suelo no urbanizable demuestren la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad, de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación, entre otras cuestiones
