Pese a este aumento, expresado en PIB equivale al 102,3%, con un recorte de dos puntos porcentuales respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
El crecimiento de la economía presiona este porcentaje a la baja, de ahí que experimente una reducción, si bien en términos absolutos la tasa es un 3,8% superior. No obstante, disminuye un 0,24% desde los máximos del pasado marzo, cuando se contabilizaron 1,667 billones, según datos del Banco de España (BdE) publicados este jueves. El hecho de que la actividad haya crecido con fuerza ha permitido que esta ratio recorte en casi 22 puntos con respecto a los máximos de marzo de 2021, cuando alcanzó el 124,2% del PIB.
En aquel momento, el Gobierno desplegó medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de Covid-19, así como de la crisis energética y el repunte de la inflación, bajo el denominado ‘escudo social’ o anticrisis. Esta situación permite a España partir desde una posición más ventajosa para cumplir los compromisos que vienen por delante, especialmente, condicionado por la necesidad de elevar el gasto en Defensa, aunque Bruselas ha decidido que no compute en términos de cumplimiento de los objetivos fiscales. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a rebajar su endeudamiento este año hasta el 101,4% del PIB con la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales. En esta línea, en el plan fiscal y estructural a medio plazo, el Ejecutivo prevé que la tasa se siga moderando hasta el 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Esta senda choca con las advertencias realizadas desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El organismo encabezado por Herrero ha avisado de que sin reformas adicionales el pasivo del conjunto de las administraciones públicas podría escalar hasta el 129% del PIB en 2050 a causa del envejecimiento de la población.
El incremento registrado en mayo obedece tanto al endeudamiento de la administración central como de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social. En este sentido, el grueso del apalancamiento se corresponde con la deuda del Estado, que se situó en 1.509 millones al cierre de mayo, con un incremento interanual del 4,4%, hasta el 92,9% del PIB. En el caso de la Seguridad Social el saldo es de 126.000 millones, un 8,6% más en comparación interanual y se corresponde al 7,8% del PIB. Esta cifra le deja muy cerca del máximo histórico que marcó el pasado noviembre de 126.177 millones.
Se trata de un problema estructural del sistema, dado que las cotizaciones sociales no dan para cubrir el gasto en pensiones públicas en el momento actual, principalmente, las destinadas a jubilación. Esto obliga al Estado a realizar transferencias periódicas. Solamente en mayo, la Seguridad Social destinó el récord de 13.532 millones a las pensiones contributivas. Casi tres cuartas partes de la nómina se emplearon para abonar pensiones de jubilación por importe de 9.893 millones.
