El núcleo de la propuesta era la cesión total a la Generalitat de Cataluña de todos los impuestos de titularidad estatal, que serían recaudados y gestionados en su integridad por una agencia tributaria catalana independiente de la agencia estatal. A cambio, se establecería una doble aportación de la Generalitat a la caja común que cubriría el coste de los servicios que el Estado seguiría prestando en/a Cataluña y una cuota de solidaridad para ayudar a complementar la financiación de las CCAA de menor renta. Presumiblemente, la cuantía de estas aportaciones debería ajustarse a la baja con respecto a la situación de partida con el fin de mejorar sustancialmente la financiación de Cataluña, corrigiendo así el supuesto (y más que discutible) maltrato fiscal al que habría estado sometida la comunidad según la tesis de los partidos firmantes del acuerdo.
La Comisión Bilateral Generalitat-Estado acaba de publicar un acuerdo sobre el tema en el que supuestamente se desarrolla y formaliza la propuesta original. Fedea publica hoy una nota de Ángel de la Fuente en la que se analiza este nuevo documento y se compara con el anterior. El autor argumenta que el nuevo acuerdo no sólo no clarifica en absoluto los detalles de la propuesta de financiación singular para Cataluña, o sus implicaciones para el conjunto del sistema de financiación autonómica y gestión tributaria, sino que aumenta notablemente el grado de confusión existente en torno a la pretendida reforma. Esto es así porque no sólo se dejan sin concretar cuestiones esenciales del diseño del sistema de financiación autonómica y gestión tributaria, sino que el contenido del nuevo acuerdo presenta diferencias significativas y difíciles de reconciliar con el texto original que no permiten hacerse una idea clara de qué es lo que se está proponiendo.
Habrá que esperar, por tanto, a que las partes implicadas lleven al Congreso propuestas normativas detalladas para poder valorarlas con conocimiento de causa. Mientras tanto, lo que sí parece claro es que ambas propuestas comportan un peligro cierto de deriva hacia un peculiar sistema de gestión tributaria descentralizada a la carta que sería crecientemente complejo, caro e inefectivo, sin aportar nada a cambio al autogobierno regional. Por lo demás, la música confederal e insolidaria de la financiación singular sigue sin sonar bien a la mayoría del público general y de los especialistas, aunque se intuye un cierto esfuerzo para suavizar algunas de las partes más estridentes de la partitura original, posiblemente con la vista puesta en las próximas elecciones andaluzas.
