Gestha, que basa su propuesta en los análisis de los beneficios fiscales realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de 2020 y del grupo de personas expertas que elaboraron en 2022 el Libro blanco para la reforma tributaria, destacan en primer lugar que en el primer semestre de este año ya se han recuperado 2.960 millones, principalmente por la reversión de las rebajas de los impuestos a la energía (1.503 millones), la recuperación del IVA de los alimentos (aproximadamente 850 millones) y el incremento de los impuestos sobre el tabaco, que junto con el nuevo Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos, ha aportado unos 157 millones.
Recuerdan también que Hacienda podría reducir los beneficios fiscales si el Gobierno logra una mayoría parlamentaria para aumentar el impuesto especial del diésel hasta un máximo de 11,33 céntimos de euro (IVA incluido) por litro para equipararlo con el de la gasolina, como ya aplican buena parte de los países de la Unión Europea, lo que podría suponer una recaudación adicional de 1.162 millones de euros anuales. La tarea no es fácil ante la debilidad parlamentaria del Gobierno para convencer a los socios parlamentarios de aumentar el impuesto especial del gasóleo, pendiente desde 2021. De hecho, el bloqueo del impuesto al diésel fue motivo de que Bruselas congelara parte del quinto tramo del Plan de Recuperación recibido este agosto.
Además, indican que el Hacienda podría añadir una parte mayor o menor de los 391 millones anuales de la exención de los premios de loterías, según se reduzca más o menos el umbral vigente de 40.000 euros.
La tercera vía que encuentra Gestha acoge una serie de medidas que también están siendo ‘víctimas’ de la inestabilidad parlamentaria, como la aplicación del IVA a los pisos turísticos o la introducción de un nuevo tipo en el Impuesto de Sociedades para las Socimi que no destinen una parte sustancial de sus viviendas a alquileres a precio asequible, entre otras .Con el calendario parlamentario avanzado, advierten los técnicos de Hacienda de que ambas iniciativas -de lograr los apoyos- difícilmente entrarían en vigor en 2025 y se aplicarían en el mejor de los casos a partir de 2026.
