La medida afecta a todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco. Se impulsa así el mecanismo de ayudas para las comunidades afectadas por los incendios desde el mes de junio.
La aprobación de la zona catastrófica activa la maquinaria de ayudas a los afectados contempladas en la ley de Protección Civil. Son compensaciones de hasta 18.000 euros en el caso de fallecimiento o incapacidad total durante los incendios y de hasta 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual. Estas son las cuantías que especifica la ley que también prevé compensaciones por daños parciales en las viviendas o en los muebles.
Resumen de las ayudas que se ponen en marcha
• 18.000 euros en el caso de que se produzca el fallecimiento de personas. También en el supuesto de incapacidad absoluta y permanente.
• Ayudas por destrucción total o parcial de la vivienda. Por destrucción total de la vivienda habitual, hasta una cuantía máxima de 15.120 euros.
• Por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, el 50% de los daños valorados con un máximo de 10.320 euros.
• Por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, el 50% de los sin superar los 5.160 euros.
• Por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, se abonará el coste de reposición o reparación de los enseres afectados, con un máximo de 2.580 euros.
• Por daños en elementos comunes de uso general de una Comunidad de Propietarios, el 50% de dichos daños, hasta una cantidad máxima de 9.224 euros.
A esto se suman ayudas y beneficios a las empresas y negocios afectados, desde la posibilidad -ya vigente- de acogerse a ERTES o bonificaciones en determinados impuestos a los afectados.
La decisión aprobada por el Consejo es el primer paso para activar todas las ayudas directas, exenciones fiscales y otro tipo de medidas contempladas en la ley de protección civilAdemás de las compensaciones, ya reguladas por real decreto, se prevén compensaciones por daños en las viviendas o en los muebles y ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura.
Ya en la rueda de prensa Marlaska y Alegria se han lanzado contra Feijoo y las propuestas populares. En primer lugar, Marlaska aseguró sobre la iniciativa del PP que “toda propuesta será analizada” y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, recalcó a su lado que “las vamos a estudiar”. “Bienvenidas sean, las del PP y las del resto de los grupos políticos porque es necesario e imprescindible trabajar por ese acuerdo de país frente al cambio climático”, dijo.
No obstante, el ministro del Interior rechazó de plano la propuesta de Feijóo de elaborar un listado de pirómanos al entender que esa causa representa un porcentaje muy pequeño de los incendios que suceden en España y criticó la “ignorancia” del líder del PP por plantear algo así en un “tema de esta complejidad” y que puede provocar alarma social. Marlaska reclamó a Feijóo que “que sea más serio” cuando hable del origen de los incendios que asolan el país y aseguró que no se pueden poner sobre la mesa “soluciones de poco fuste”, en referencia a la creación de un registro oficial de pirómanos y que a estos responsables de incendios se les tenga identificados con una pulsera telemática. “La referencia a los pirómanos como causantes de la mayoría de los incendios”, esgrimió, “ha sido contestada por un fiscal especialista de Medio Ambiente y por la propia Fiscalía General del Estado en su memoria, así como por las memorias del Seprona”.
Cifrada en los informes oficiales de 2023 en el 0,5%, replicó a Feijóo que atribuir a la acción de los pirómanos la oleada de incendios “no es la realidad” y advirtió de que no se puede “identificar a un pirómano con un incendiario”. “Hay que ser más serio”, añadió ante el peligro de que estos planteamientos causen “alarma social”. Marlaska incidió que en que ideas de este tipo ponen en evidencia el “desconocimiento” del líder del PP sobre la materia. El ministro aseveró que un pirómano es una persona con un trastorno mental, mientras que un incendiario es alguien que provoca un incendio siendo consciente de lo que hace y de acuerdo a sus intereses.
Añadió que en los incendios de los últimos dos meses “no podemos olvidar las imprudencias” como causa de muchos de los fuegos, al no respetar las prohibiciones de acometer labores de labranza o de hacer barbacoas, sin descartar las causas naturales como origen de muchos incendios, como ocurrió en Extremadura con un rayo.
“Hay que ser más serio cuando se habla de temas complejos y no dar soluciones de poco fuste, creando alarma con algo que no es real”, dijo el ministro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. En cualquier caso, aseguró que el Gobierno “estudiará” todas las propuestas porque su objetivo es lograr un pacto de Estado en el que participen además de los partidos políticos, la sociedad civil y la comunidad científica. Aunque el ministro no quiso aventurar cuál es la intención de Feijóo al centrar sus propuestas en los pirómanos, sí dijo que esa actitud contribuye a “relativizar un tema de una gravedad tremenda que preocupa globalmente y en el que se está trabajando de una forma seria”.
Por su parte, la portavoz del Gobierno defendió la necesidad de buscar un pacto de Estado y un “acuerdo de país” con medidas para evitar que en próximos veranos vuelva a reproducirse la tragedia vivida este mes de agosto, especialmente en territorios como Galicia y Castilla y León, que llevan dos semanas seguidas luchando intensamente contra varios incendios. Recalcó que “el cambio climático es un reto al que todos nos enfrentamos” y, por eso, confió en que el PP “tenga voluntad constructiva de trabajar de manera responsable” en la búsqueda de un consenso porque, en este momento, “los ciudadanos no esperan que los políticos estemos en la confrontación y en la refriega”.
Acto seguido, Alegría criticó a los presidentes de comunidades autónomas del PP tras comprobar este verano un “patrón de conducta” en su gestión y que, en su opinión, consiste en “lavarse las manos y buscar un culpable en el Gobierno” de Pedro Sánchez.
Argumentó que eso mismo ya pasó con la dana de Valencia y ahora se ha repetido con los incendios en diversas comunidades. Además, culpó a los “recortes” del PP en partidas destinadas a proteger el medioambiente del enorme daño que el fuego ha causado en bosques y montes y añadió que el “negacionismo” contra el cambio climático que siempre ha protagonizado Vox “ha ido cogiendo cada vez más protagonismo en los discursos y comparecencias oficiales de los responsables el PP”. “Esto es una desgraciada realidad”.
Finalmente, Alegría retomó la oferta de un pacto de Estado para dar la “bienvenida” al documento de 50 medidas anunciad por Feijóó y prometió que desde el Gobierno de España “las vamos a estudiar” junto a las del resto de los grupos políticos “porque es necesario e imprescindible trabajar por ese acuerdo de país frente al cambio climático”.
Reparto de menores
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al real decreto que determinará la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de cada comunidad autónoma y que, por tanto, fija el número de plazas con las que cada sistema de protección a la infancia debe contar.
Se trata de “un dato clave” de cara a la reubicación de 3.900 menores no acompañados desde Canarias y Ceuta, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 2/2025, por el que se aprobaron medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias.
En concreto, aquel modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería con el objetivo de permitir derivaciones automáticas de estos menores cuando un determinado sistema alcance el triple de su capacidad.
El real decreto que hoy sale adelante establece esta capacidad ordinaria en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes para la media de España. Este pudo ver la luz en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud del pasado 18 de julio, que no llegó a celebrarse por falta de quorum, ante el plante de las autonomías gobernadas por el PP. Entonces, la ministra del ramo, Sira Rego, anunció que los traslados comenzarían el 28 de agosto de cualquier modo.
Ahora, se aprueban de forma definitiva las plazas de acogida con las que debe contar cada comunidad (su capacidad ordinaria), un dato clave para cifrar después el número de menores que deberá atender cada territorio.
Según el Decreto-Ley 2/2025, este cálculo debe considerar parámetros como la población (50%), la renta per cápita (13%), su tasa de paro (15%), su esfuerzo previo de acogida (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ser ciudad o territorio frontera (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).
Según la fórmula aprobada hoy, Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor capacidad ordinaria en sus sistemas de acogida, con 2.827, 2.650 y 2.325 plazas en cada caso. Le siguen la Comunidad Valenciana (1767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco, con 731.
Otro grupo lo forman Castilla-La Mancha, cuya capacidad ordinaria queda fijada en 692 plazas, Murcia (517), Aragón (441) y Baleares (406). Mientras Extremadura, Asturias, Navarra, Cantabria y la Rioja deben disponer de 344, 331, 223, 194 y 107 plazas, respectivamente.
Finalmente, se establecen 28 plazas para Melilla y 27 en el caso de Ceuta. La media para el conjunto del Estado se sitúa en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Según La Moncloa, el conjunto del sistema atiende a unos 16.000 menores.
Reforma de la Inspección de Trabajo
El Gobierno ha aprobado la nueva Estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027, que contempla un refuerzo de la plantilla de inspectores y subinspectores, así como del personal técnico y administrativo, además de una fuerte inversión para seguir ahondando en las mejoras tecnológicas.
El organismo prevé incrementar los efectivos tanto en las inspecciones provinciales como en los servicios centrales con la incorporación de 554 inspectores y subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como subinspectores de Seguridad y Salud Laboral durante los próximos tres años en el periodo 2025-2027.
Concretamente, se trata de un plan estructurado en dos ejes y 17 objetivos.
El primero se centra en la actividad inspectora y define las líneas de actuación prioritaria en 10 objetivos que abarcan las relaciones laborales individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, igualdad y no discriminación, promoción y protección del empleo, seguridad social y lucha contra el trabajo no declarado.
El segundo eje identifica las medidas estructurales, organizativas y operativas que tienen por fin ofrecer un servicio público eficaz, cuya metodología es cada vez más solicitada por organismos similares de otros países a través de visitas y asesorías técnicas.
«La hoja de ruta que establece esta estrategia tiene por objetivo convertir el organismo en una entidad moderna, eficaz y transparente», ha asegurado la vicepresidenta Díaz, quien ha señalado que «estas medidas evidencian el refuerzo presupuestario sostenido que el Ministerio ha estado dedicando al organismo en los últimos años».»Esta estrategia busca alcanzar altos estándares de calidad en el cumplimiento de un servicio público en un contexto de incremento de demanda de actuaciones, con nuevas leyes que garantizan los derechos laborales, la calidad del empleo y fomentan el empleo decente”, ha añadido.
