En apenas un mes, las eléctricas tendrán que presentar al Consejo de Seguridad Nuclear la petición oficial de cierre de la planta para poder cumplir con lo previsto en el acuerdo alcanzado en el año 2019. Las compañías siguen en estos momentos deshojando la margarita porque las posiciones sobre el futuro de las centrales no logran la unanimidad que reclama el Gobierno.
El presidente, Pedro Sánchez, marcó tras el apagón de abril tres líneas rojas para cambiar el calendario de cierre nuclear: que la prórroga sea conforme a la seguridad de los ciudadanos, que sea económicamente viable y que la medida garantice la seguridad eléctrica. A estas exigencias, se sumó después la unanimidad de las empresas del sector, pero la propuesta planteada al Gobierno por Endesa e Iberdrola no ha contado con el respaldo de Naturgy, ni de EDP y eso ha frenado las negociaciones.
Las empresas no están de acuerdo en la reforma impositiva que se reclama. El sector quiere utilizar el sobrecoste que se aplica en las facturas por el déficit de tarifa para facilitar una rebaja impositiva a este tipo de plantas, que el Gobierno rechaza, pero las cartas siguen sin estar sobre la mesa. El Instituto de Transición Justa debía informar sobre el impacto del cierre de Almaraz, al igual que Red Eléctrica pero, por el momento, nada se sabe de ninguno de estos dos informes clave y parece que lo más conveniente sería que ambos -en caso de estar disponibles- se conocieran previamente a que las eléctricas tengan que dar el paso de solicitar formalmente el cierre de la planta extremeña.
