El jefe del Ministerio Público defiende que borró su teléfono móvil siguiendo los protocolos y eliminó su cuenta personal de Google tras la filtración a la prensa del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) por el que empezó a recibir «mensajes de todo tipo, incómodos y en ocasiones hostiles».
El escrito,pide su absolución y defiende su inocencia al considerar que el «núcleo esencial» de la información relevante sobre González Amador ya había sido desvelado por «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid».
Señala que el 13 de marzo de 2024, el día que comenzaron las supuestas filtraciones que se investigan, «cundió una gran preocupación» en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía de Madrid porque se estaba publicando en medios y difundiendo en redes sociales informaciones falsas o tergiversadas que hablaban de que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a González Amador (hecho que había ocurrido al revés) y que, además, se había retirado por «órdenes de arriba». El documento presentado este miércoles en el Supremo por la Abogacía del Estado hace una reconstrucción con capturas de pantalla de medios de comunicación y respuestas en redes sociales de cómo sucedieron los días en los que se supo que existía una causa contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por haber defraudado a Hacienda.
Insiste en que el artículo de ‘El Mundo’ que dio pie a la reacción de la Fiscalía a través de una nota de prensa ya incluía entrecomillados de la literalidad de las conversaciones privadas entre Julián Salto (fiscal del caso) y el abogado de González Amador y hasta ese momento García Ortiz «desconocía la existencia de correos electrónicos» por lo que no pudo ser él el filtrador inicial. «En esos momentos existía una gran preocupación en los medios, donde se sucedía la publicación a gran velocidad de versiones diferentes y de datos contradictorios, así como una extraordinaria demanda informativa».
A los correos tuvieron acceso unas 600 personas y lo único que se hizo desde la Fiscalía fue reaccionar a través de una nota de prensa «en el legítimo ejercicio de sus competencias» para evitar un «perjuicio» a los fiscales que estaban haciendo su trabajo y «cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación».
La defensa recuerda que cuando ‘eldiario.es’ publica la primera información sobre el supuesto fraude fiscal de la pareja de Ayuso algunos periodistas atestiguan que ya tenían todos los correos y desde entonces se urdió «una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia». Se construyó, dice, un «relato alternativo» en el que González Amador conseguía ser «víctima» de una «operación política desde el Gobierno».
El fiscal general asegura que suprimió «como hacía con regularidad en el desempeño de sus funciones y de manera segura» datos personales de su dispositivo de acuerdo a un reglamento del Parlamento Europeo que insiste en la protección de los datos de las personas y a varias instrucciones de la Fiscalía. Por otro lado, la eliminación de la cuenta personal de Gmail se produjo «como consecuencia de la filtración a la prensa del informe de la UCO», explica, que se publicó el 21 de noviembre de 2024 y que contenía sus datos completos. «Como resultado de esta filtración en dicha cuenta se estaban recibiendo mensajes de todo tipo, incómodos y en ocasiones hostiles», lo que motivó que él lo pusiera en conocimiento del comisario jefe de la Brigada de Seguridad Informática.
Además, desvela que en enero de 2025 también comunicó con la jefa de la Unidad de Apoyo, Rasillo, que su línea de móvil había sido filtrada a la prensa y «estaba recibiendo numerosas llamadas y mensajes molestos». Por ello, tuvo que cambiar de móvil. El fiscal general solicita que testifiquen en el juicio los periodistas que ya fueron a la instrucción, así como el novio de Ayuso; su anterior abogado (Carlos Neira); el jefe de gabinete de la presidenta Miguel Ángel Rodríguez; agentes de la UCO; seis fiscales, entre los que se encuentra la fiscal jefe provincial de Madrid, que estuvo imputada hasta hace unas semanas, Pilar Rodríguez, así como la superior de esta, Almudena Lastra, el fiscal encargado del asunto, Julián Salto, o su ‘mano derecha’ en la Fiscalía, Diego Villafañe, que también estuvo imputado un tiempo. Igualmente, solicita la declaración de su directora de comunicación y del jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid.
