Del estudio se desprende que la brecha de género en pensiones e ingresos privados durante la jubilación genera un impacto económico de 28.500 millones de euros, cifra que equivale al 1,8% del PIB nacional. Este déficit de actividad económica se traduce en la no creación de cerca de 500.000 puestos de trabajo y en una merma de ingresos públicos de alrededor de 4.900 millones de euros anuales en concepto de IRPF e IVA.
Desde la publicación del anterior informe en 2019, el sistema de pensiones ha sido objeto de varias reformas orientadas a reforzar su sostenibilidad, entre ellas el impulso a los planes de pensiones de empleo y el fomento de la jubilación activa y demorada. Sin embargo, el informe advierte de que este último incentivo ha tenido un efecto desigual: en 2024, un 10,5% de los hombres optó por retrasar su jubilación frente a solo un 7,8% de las mujeres, reflejo de las mayores dificultades de ellas para cumplir los años de cotización requeridos o para prolongar su vida laboral al asumir cuidados no remunerados
Según ha destacado Suárez, Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, “la brecha de género es el principal problema del sistema de Seguridad Social y pensiones desde la perspectiva de la acción protectora. Se configura imprescindible actuar en el origen de la discriminación estructural de las mujeres: el mercado laboral”.
Huertas, presidente de MAPFRE, por su parte, ha instado a “una llamada a la acción de la sociedad española para acelerar el cierre de esta brecha. En apenas un par de décadas, la cohorte de población dominante será la población senior, jubilados o no, pero que están llamados a ser el claro motor del crecimiento y del desarrollo. Necesitamos que tengan suficiencia financiera para poder liderar el impulso a la actividad económica y continuar aportando valor. Y solo con la pensión eso no se va a lograr, se requieren ahorro e ingresos complementarios generados a lo largo de toda la vida laboral.”
Las cifras ponen de manifiesto desigualdades persistentes en el acceso y la cuantía de las prestaciones. En 2024, las mujeres percibieron una pensión contributiva media de 1.100 euros mensuales, frente a los 1.600 euros de los hombres, lo que supone una diferencia de 510 euros al mes, equivalente a una brecha relativa del 31,9%. Además, solo el 57% de las mujeres pensionistas recibe una pensión por jubilación, frente al 82% de los hombres. En paralelo, tres de cada diez mujeres mayores dependen de una pensión de viudedad, modalidad prácticamente residual en el caso de los hombres.
La menor participación femenina en el mercado laboral, que se traduce en carreras contributivas más cortas y en una brecha salarial que ronda el 20%, explica buena parte de esta desigualdad. A ello se suma una menor capacidad de ahorro previsional y patrimonial. El informe, que por primera vez incorpora microdatos fiscales individuales, muestra que en 2022 las mujeres mayores de 67 años acumulaban de media 6.700€ menos en patrimonio neto que los hombres. Esta diferencia, si bien se ha reducido respecto a 2016 gracias a una menor brecha en activos inmobiliarios, contrasta con lo ocurrido en los planes de pensiones privados, donde la brecha entre hombres y mujeres ha crecido en 1.000€ por persona en apenas seis años.
Jiménez, presidenta de ClosinGap, ha destacado en su intervención que “se trata de garantizar que las jóvenes que hoy empiezan su carrera lleguen a la jubilación sin renuncias forzadas. Que la llamada “silver age” sea, en realidad, una edad de oro. Tenemos ante nosotros un desafío inmenso, pero también una oportunidad histórica: demostrar que cada año ganado puede ser también un año más justo, más próspero y más humano. Ese es el país que merecen nuestras madres, nuestras hijas y, sobre todo, nosotros mismos como sociedad”.
Las disparidades también se extienden al terreno de la dependencia. Las mujeres viven más años que los hombres –85,8 frente a 80,3–, pero lo hacen en peores condiciones de salud y con menos recursos económicos para afrontar los costes de cuidados. A partir de los 80 años, el coste de la dependencia multiplica por 1,8 la pensión media femenina, una carga inasumible para muchas mujeres que, incluso recurriendo a su patrimonio, carecen de los activos líquidos suficientes para cubrirla.
El informe es contundente: la brecha de género en pensiones no es solo una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia económica. Reducirla significaría más consumo, más empleo, más recaudación y una sociedad más cohesionada.
El estudio plantea, además, un conjunto de medidas que combinan acción pública y privada: reforzar el sistema público de pensiones con un enfoque de género; impulsar la igualdad en el mercado laboral; fomentar el ahorro previsional femenino; mejorar la atención a la dependencia; y evaluar el impacto de las reformas desde una perspectiva de género.
Del panel de debate, en el que han participado Gonzalez García, director de análisis, estudios sectoriales y regulación de MAPFRE; Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE y Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, se desprendió una conclusión principal: “si bien el informe refleja una mejora con respecto al análisis presentado en 2019, la evolución sigue siendo lenta. Para avanzar en el cierre de la brecha de género en pensiones y ahorro previsional es fundamental definir políticas públicas, apelar a la responsabilidad privada y empresarial y seguir manteniendo el compromiso intergeneracional y de género.”
