Estamos muy alejados de las primeras posiciones, lo cual condiciona nuestro progreso económico y bienestar. Es verdad que, en el conjunto del mundo, tenemos la posición 53 de 184 del ranking mundial, pero nuestra referencia deben ser las economías más prósperas, ya que, precisamente la falta de libertad económica en el mundo es lo que explica que los países desarrollados sigan siendo un grupo minoritario en el total, asegura el citado informe presentado en el IEE con la asistencia de su presidente Fernández de Mesa, ha presentado, junto a Izquierdo, director general del IEE; a Rodríguez Braun, Catedrático de Historia del Pensamiento Económico; y a Cabrillo, Catedrático Emérito de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.
Las políticas que favorecen una mayor libertad en cualquiera de las áreas evaluadas por el Índice de Libertad Económica contribuyen directamente al dinamismo económico, lo que se refleja en una mejora del bienestar general. En este contexto, España ha registrado una puntuación por debajo tanto del promedio de la OCDE como del de la Unión Europea, tanto en el resultado global del índice como en varios de sus componentes específicos. La puntuación obtenida por España en el Índice de Libertad Económica es inferior al resto del promedio de la OCDE en la mayor de las áreas evaluadas, destacando especialmente la ya comentada brecha negativa de distancia en salud fiscal (-27,7 puntos respecto a la media OCDE).
Las variables que más nos penalizan son las derivadas del excesivo tamaño del Estado, como son nuestro nivel de gasto público y el persistente desequilibrio fiscal. De hecho, entre los países de la OCDE, España ocupa el puesto 33 de 38 en términos de salud fiscal, con un elevado déficit estructural, una deuda pública creciente y una presión fiscal que afecta tanto a empresas como a familias. Esta situación limita la capacidad del Estado para responder a crisis, reduce el margen para bajar impuestos y desincentiva la inversión privada. En cuanto al gasto público, su peso excesivo sobre el PIB, en relación a nuestro nivel de renta, interfiere con el desarrollo del sector privado, distorsiona la asignación de recursos y debilita los incentivos a la productividad. Esta expansión del aparato estatal no solo genera ineficiencias, sino que también compromete la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
La actividad empresarial y, especialmente, la inversión, dependen en gran medida del entorno institucional en el que se desarrollan. Este entorno está compuesto por diversos factores, siendo especialmente relevantes aquellos que favorecen una mayor libertad económica y empresarial. Los datos empíricos muestran que los países con mayores niveles de libertad económica utilizan sus recursos de forma más eficiente, lo que contribuye a ampliar el potencial de crecimiento económico.
La libertad económica y de empresa es el motor del crecimiento, la innovación y el bienestar en las economías avanzadas. Los países que protegen estos principios canalizan mejor sus recursos, generan empleo de calidad y logran mayor prosperidad social. En el contexto actual, caracterizado por una creciente complejidad institucional, transformaciones tecnológicas aceleradas y tensiones geopolíticas, la libertad económica cobra una relevancia estratégica.
Se debe revertir el deterioro experimentado en el ranking de facilidad inversora, en el que España se sitúa en el puesto 20 de entre los 38 países más avanzados. Esta caída refleja un entorno menos favorable para la inversión empresarial, con mayores restricciones regulatorias y menor seguridad jurídica. Resulta especialmente preocupante el deterioro de las condiciones que favorecen la inversión empresarial, lo cual, sin duda explica que sea una de las variables con mayor debilidad de la coyuntura económica, con un nivel en relación al PIB inferior al de la UE, cuando para converger con la misma, tendría que invertir por encima de lo que están haciendo nuestros socios, cuya renta per cápita ya de por sí es mayor que la de España.
En el ámbito específico de la libertad de empresa, España está ligeramente por encima del promedio de la OCDE, alcanzando un valor de 102,1 puntos respecto a la media OCDE (base 100) pero muy alejada de las posiciones de cabeza de los países más desarrollados como, por ejemplo, Dinamarca o Australia que tienen una libertad de empresa superior, en un orden de un 11% mayor que España. De cualquier modo, la regulación excesiva representa un obstáculo significativo para el desarrollo empresarial, afectando tanto a la creación de nuevas compañías como a la operativa diaria de las ya establecidas.
La libertad de empresa favorece la inversión y el crecimiento empresarial, variables que a su vez están muy correlacionadas con la rentabilidad de las empresas. El problema es que, la rentabilidad empresarial en España se ha resentido en la última década, en paralelo con la caída de la libertad económica y el aumento de la presión regulatoria lo que puede estar explicando la debilidad que sufre la inversión empresarial de España, dificultando que podamos aprovechar debidamente los efectos positivos de la reducción de tipos de interés del BCE y de disponibilidad de Fondos Europeos. Esta situación tiene su reflejo en el deterioro del EBE (Excedente Bruto de Explotación), en términos de contabilidad nacional, que ahora, en 2025, representa menos del 42% del PIB frente el 44% de 2018. Esta menor rentabilidad de las empresas condiciona negativamente su capacidad para invertir en innovación, crecimiento y mejora de la productividad, factores todos ellos que configuran la base de la competitividad a largo plazo.
El análisis de la libertad de empresa se complementa con unos artículos que reflexionan sobre la necesidad de compatibilizar las distintas responsabilidades que se le están planteando a la empresa dentro de la sociedad con la necesidad de garantizar una rentabilidad suficiente para cubrir tanto el coste de capital, los impuestos que soporta y la prima de riesgo intrínseca de la actividad empresarial. Debemos evitar acciones que puedan debilitar la eficiencia y competitividad empresarial ya que, si bien las empresas pueden atender a múltiples objetivos, su mayor eficiencia relativa se alcanza en satisfacer los requerimientos que la sociedad impone a través de la demanda cambiante de sus producciones, ya que la compra de los bienes y servicios de las empresas es una transacción voluntaria que mejora el bienestar a través del excedente del consumidor como diferencia entre la utilidad que obtienen y el en el mercado por los productos.
La libertad de empresa no solo es un derecho económico, sino una condición necesaria para el dinamismo del sistema productivo y para la sostenibilidad del crecimiento. Por ello, se debe advertir de los riesgos de una intervención normativa que debilite los derechos de propiedad y distorsione la toma de decisiones empresariales, tal y como señalan y desarrollan los distintos autores, a través de sus artículos en este informe. Por ello, reforzar la libertad de empresa y la claridad en los objetivos corporativos es clave para afrontar los desafíos estructurales de la economía española y garantizar un crecimiento sostenible.
Se debe reforzar el principio de la libertad de empresa en las responsabilidades y objetivos que se exige a la empresa, porque, si bien, en el pasado, el debate fue que la rentabilidad, como objetivo único, podía perjudicar otras dimensiones que garantizaban la prosperidad a largo plazo, ahora, es posible que haya que reivindicar la necesidad de preservar la rentabilidad para que las empresas puedan seguir asumiendo su papel indispensable en la sostenibilidad de nuestro medio ambiente y en el bienestar de nuestra sociedad. De hecho, la rendición de cuentas de las empresas debe ser capaz de compatibilizar todos estos objetivos debidamente. El problema de fondo es que todas estas realidades son complementarias en el medio y largo plazo y no hay sostenibilidad ambiental o social, sin una sostenibilidad financiera que las haga posible en el marco de la empresa.
