La titular del área laboral ha encargado este miércoles al grupo de expertos que elaboren dos recomendaciones para subir el SMI a partir de enero, una que se aplicaría en el caso de que se libere de tributación a este rango salarial y otra más elevada que adoptarían en el caso de que el ministerio que encabeza María Jesús Montero decida que tiene que abonar este impuesto.
El informe elaborado el año pasado, en el que se sugerían dos porcentajes a aplicar, partía de la base de que Hacienda no iba a actualizar el denominado ‘mínimo exento’ de tributar IRPF situado en 15.876 euros anuales, el equivalente al SMI de 2024. El conjunto de representantes del ámbito académico, de los ministerios económicos y de los sindicatos expresaron que si Montero cambiaba de criterio sería necesario hacer un recálculo que nunca se produjo. «Si se aumentara dicho nivel sería necesario recalcular la retención correspondiente al nuevo mínimo, que, al ser mayor, se traduciría también en un menor crecimiento del SMI bruto, para el mismo neto».
En esta ocasión, Díaz quiere anticiparse al posible conflicto que pueda surgir con la representante de Hacienda respecto a esta política económica y tener en cuenta el criterio de los expertos en ambos escenarios. Así ha encargado a este comité que proyecte cual sería el aumento necesario para que en ambos escenarios el SMI se mantuviera en el 60% del salario medio, partiendo de la base de que en el caso de que tengan que abonar IRPF el SMI bruto (el que se fije por ley) debería experimentar una subida más importante.
La ministra se ha mostrado firme respecto a su oposición a que estos trabajadores pasen a pagar IRPF. «Pedagogía fiscal toda, pero empecemos desde arriba» ha respondido a preguntas de los periodistas, indicando que para dar este paso sería necesario hacer una reforma de los tipos que soporta este tramo salarial, que en términos marginales equivale al de los salarios más elevados como consecuencia de la denominada ‘joroba del IRPF’.
A comienzos de 2025, este conflicto de perspectivas entre las dos responsables en materia económica dio lugar a un acuerdo en el que se pactó una deducción de hasta 340 euros que se aplicará al presentar la declaración de la Renta. Sin embargo, esta solución es de carácter temporal y se circunscribió solo a este ejercicio, por lo que de decidir no replicar una fórmula semejante que cubra la cantidad del nuevo salario mínimo que superaría el mínimo exento (ajustado en 2024) habría un mayor porcentaje de esta renta sometida a tributación.
