El magistrado, que la semana pasada, notificaba a la esposa del presidente del Gobierno que la malversación, incorporada en una pieza separada de la principal, tendría que ser evaluada por un tribunal de ciudadanos; ha informado a Gómez, este mismo jueves, que también seguirá el mismo criterio en los restantes delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.
No en vano, el tráfico de influencias, incluido en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), artículo 1.2 g), arrastra procesalmente al resto de los delitos investigados junto al mismo, «en atención al principio de conexidad».
Así las cosas, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha acordado en un nuevo auto de transformación de las Diligencias Preliminares de la causa original abierta en abril de 2024, al que ha tenido acceso El Debate. Se trata de una nueva citación de la investigada a comparecer para informarle de su decisión el próximo lunes 6 de octubre, 17.30 horas. Y ello, después del plantón de Begoña Gómez quien, el pasado sábado, evitó presentarse en sede judicial, aunque la citación era de carácter «personal», según apuntaban los expertos.
La primera, además, vuelve a estar concernida en la nueva resolución del juez Peinado, en los mismos términos de la anterior ocasión aunque en esta el tercer investigado es el empresario Juan Carlos Barrabés. Precisamente, en las últimas horas, la Fiscalía europea ponía en conocimiento del juez Peinado la existencia de un primer informe de la Inspección General de la Administración del Estado (IGAE) en el que se apuntalaba la existencia de indicios ampliados sobre cómo el aval de Begoña Gómez a su gurú y amigo Barrabés habría inclinado la adjudicación «subjetiva» de varios contratos públicos, por valor de 10,4 millones de euros, de Red.es. Este dossier ha jugado un papel determinante en el paso al frente del magistrado instructor ya que el tráfico de influencias se ha puesto en el centro de la ecuación.
Gómez, Álvarez y Martín Aguirre están pendientes de que el juez responda en un auto a las alegaciones que plantearon sus defensas, así como la Fiscalía y las acusaciones populares el pasado sábado.
Asimismo, la esposa de Sánchez y la asesora de Moncloa están a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid conteste a los recursos que presentaron contra la formación de esta pieza separada, la imputación por malversación y la decisión de juzgar dicho delito con un jurado popular.
