Esta resolución responde a la solicitud formal que el Ministerio de Hacienda remitió a las autoridades comunitarias el pasado 20 de enero, en la que se justificaba que la catástrofe reunía los requisitos para ser calificada de naturaleza grave.
Esa cantidad supone el 81% del total del Fondo de Solidaridad de la UE de este año. Se trata de la segunda mayor cuantía concedida por dicho Fondo en su historia, solo superada por la ayuda a Italia en 2017 tras los terremotos que asolaron el centro del país La cifra, de la que ya se recibió de forma anticipada un total de 100 millones de euros en abril, se destinará a cubrir parte del gasto público en operaciones de emergencia y recuperación Adicionalmente, la Comisión Europea ha dado luz verde a la reasignación de 645 millones de los fondos de la política de cohesión, lo que sumará un total de 1.600 millones en financiación de la UE con destino a la recuperación de las zonas afectadas por la DANA El Gobierno reafirma su compromiso con las zonas afectadas y trabajará para canalizar los fondos con la máxima celeridad y eficacia
En dicha solicitud, España cifró los gastos públicos susceptibles de financiación en 4.304 millones de euros, del total de 18.000 millones en daños. La ayuda aprobada representa un hito histórico, al ser la segunda más alta concedida por este mecanismo de solidaridad desde su creación en 2002, tan solo por detrás de los 1.200 millones de euros que recibió Italia en 2017 por los terremotos que asolaron el centro del país. Este hecho subraya tanto la gravedad excepcional de la catástrofe sufrida como el éxito de las gestiones realizadas por el Gobierno de España para movilizar el apoyo europeo. De hecho, esta cifra supone el 81% del total del Fondo de Solidaridad del año, que alcanza un total de 1.167 millones de euros. Además de los fondos consignados a España, la Comisión destinará 110,84 millones a Francia, como consecuencia de los ciclones sufridos en sus islas de Mayotte y Reunión en diciembre de 2024 y febrero de 2025, respectivamente.
El importe final, del que ya se ha recibido de forma anticipada un total de 100 millones de euros en abril, se destinará a complementar los enormes esfuerzos financieros que las administraciones públicas españolas están realizando. En concreto, servirá para reembolsar una parte del gasto público destinado a operaciones de emergencia y recuperación, tales como el restablecimiento de infraestructuras básicas, los servicios de socorro, el alojamiento provisional de la población o la limpieza de las zonas siniestradas.