Es una conclusión a la que ya llegó en marzo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) -a pesar de determinar que cumplía con la regla de gasto, lo que evitaba nuevos ajustes- y que ahora también traslada el think-tank Fedea. Como consecuencia, el centro de estudios pide repensar «de inmediato» la reforma de 2021 y propone actuar sobre el cálculo de las pensiones y sobre su revalorización. Según el centro de estudios económicos, los resultados presentados en el informe uno de los objetivos centrales de la reforma «tendría que haber sido el de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema». Sin embargo, «su resultado final ha sido justo el contrario».
En concreto, detallan que las medidas aprobadas en los últimos años aumentan «considerablemente» el gasto, que estiman que superará el 18% del PIB en torno a 2050, y volverá a hacerlo, aunque en menor medida, al final del horizonte de proyección, que se cierra con una tendencia al alza que podría llevar a un nuevo máximo en 2070. Sin embargo, apuntan que las medidas para incrementar los ingresos no compensan el mayor gasto.
Según explica Fedea, «nuestro sistema resulta excesivamente generoso en relación con sus recursos y el crecimiento esperado de la economía». De hecho, tal y como detallaba esta fundación en un documento la semana pasada, un pensionista recibe (de media) un 25% más de lo aportado. Ahora, el centro de estudios amplía que «dada la actual esperanza de vida tras la jubilación (21,2 años a los 65 años) y la evolución esperable en el futuro de esta variable (4,9 años adicionales en 2050), de los niveles de productividad y ocupación y de la relación entre la población jubilada y la que está en edad de trabajar, las pensiones públicas actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y los tipos existentes de cotización».
Según Fedea, para alcanzar un mayor equilibrio en el sistema es necesario actuar sobre los ingresos y los gastos. En primer lugar, reclama actuar, precisamente, sobre la generosidad del sistema: «Un ingrediente necesario de la solución ha de ser una reducción de la actual tasa de prestación (el cociente entre la pensión y el salario medios) hasta niveles similares a los observados en otras economías europeas».
En este sentido, el trabajo pide la extensión gradual del período de cómputo de la pensión a toda la vida laboral (sin permitir descartes) junto con un endurecimiento de otros parámetros del cálculo de la pensión y el acceso a la misma. El centro de estudios además reclama la recuperación del factor de sostenibilidad o el establecimiento, una vez alcanzada la edad de jubilación ordinaria de 67 años, de un nexo automático entre la edad legal de jubilación y la esperanza de vida en buena salud.
En cuanto a la actualización de las pensiones, detalla el documento, «habría que restringir el blindaje total ante la inflación a las prestaciones mínimas, estableciendo para las demás un límite máximo de pérdida acumulada de poder adquisitivo a lo largo de la vida que deje un cierto margen de maniobra en este ámbito».
Reducir el gasto, no obstante, no será suficiente dadas las perspectivas demográficas. Es por ello que, recuerda Fedea resultará necesario inyectar recursos adicionales al sistema.
Para incrementar los recursos, el centro de estudios da tres opciones: más emisión de deuda, una subida de las cuotas sociales y recurrir a impuestos. Sin embargo, advierte que el nivel de endeudamiento ya es elevado y «el margen existente es muy limitado»; mientras que incrementar las cotizaciones puede tener «efectos adversos sobre el empleo y la equidad intergeneracional».
Por último, explica que, en caso de tener que recurrir a aportaciones vía impuestos, estas tendrían que ser transparentes. «Una buena opción sería la de financiar tales aportaciones (o al menos su incremento futuro) mediante un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF, que es seguramente el impuesto más equitativo que tenemos», resume el documento.
