Ya ha repetido por activa y por pasiva que tiene intención de presentar dicho proyecto. Sin embargo, los retrasos se van acumulando. El techo de gasto y los objetivos de estabilidad, trámites previos ineludibles, deberían haberse aprobado antes del verano o en julio a más tardar. Y no hay rastro de ellos. Como el tiempo corre, se espera que se aprueben en los Consejos de Ministros del mes, aunque la ministra de Hacienda ya ha informado que los documentos no irán al que se celebra mañana.
Según parece, Hacienda están intentando encajar en el documento ingresos y gastos, dos en concreto. Por el lado de los ingresos, la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a Cataluña. Por el lado de los gastos, los dedicados a defensa.
El techo de gasto es el resultado de combinar el objetivo de estabilidad más lo ingresos, que se calculan con la previsión de recaudación del ejercicio objeto de los Presupuestos según el PIB estimado. A estas alturas, en Hacienda no saben qué parte de los ingresos va a perder el Estado como consecuencia de la cesión a Cataluña, y es que no es sencillo fijar qué pasa con las retenciones, con los pagos a cuenta del impuesto y con las devoluciones.
El otro escollo son los gastos en defensa. A estos dos problemas para confeccionar el techo de gasto, se añade la fijación del objetivo de déficit.
Si en octubre, el Consejo de ministros no ha aprobado todavía ni el techo de gasto ni la senda de estabilidad, la entrada del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso en noviembre imposibilitaría su aprobación en plazo y habría que prorrogar otra vez el 1 de enero los PGE 2023
