La media del viejo continente se sitúa, de hecho, en 161 euros por habitante, lo que supone que España invierte cinco veces menos que sus homólogos europeos. Las cifras distan del gasto que destinan países como Irlanda, que alcanzan los 335 euros por habitante o, Francia, que gasta 274 euros, según los últimos datos disponibles del Observatorio de la Vivienda y Suelo y Eurostat.
Si bien, el número de habitantes y el desarrollo económico influyen en el promedio del gasto anual, hay países como Alemania que, siendo una economía comparable con España, destina una inversión seis veces mayor. Otros países como Suecia, alcanzan cifras de 187 euros por habitante; Países Bajos, 172 euros o Bélgica, 85 euros.
Hay que tener en cuenta, que durante los años 2018 y 2021, España destinó de media 1.430 millones de euros anuales a protección social en vivienda, frente a los 18.394 millones de Alemania o los 16.671 millones de Francia. En términos de PIB, el gasto español representa menos del 0,1%, uno de los más bajos de la Unión Europea.
El informe vincula, por otro lado, estas cifras con el reducido peso que ocupa el alquiler social o asequible en España que, aunque no sean los mismos conceptos, sí están relacionados. En este sentido, el porcentaje del alquiler asequible en nuestro país apenas representa el 1,6% de los hogares —unas 290.000 viviendas—, frente al 35% en Países Bajos, el 25% en Austria, casi un 20% en Dinamarca o casi un 15% en Francia, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), correspondientes al año 2020.
El Tribunal de Cuentas sitúa además estos datos en un momento de déficit estructural de vivienda asequible en España. Hay que tener en cuenta, que el déficit de vivienda nueva en 2023 se situaba en 375.000 unidades, algo que en en 2024 y 2025 se incrementaría, según las previsiones, en 225.000 unidades adicionales. Esto supondría además un déficit acumulado de 600.000 casas nuevas a finales de este año. No obstante, el mercado de alquiler muestra una notable expansión en los últimos años, alcanzando los 3,6 millones de viviendas principales en 2023, donde residen el 18,7% de los hogares.
Al margen de estos datos, el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno y al ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) a reforzar la inversión pública en vivienda, a acelerar la ejecución de suelo público y a garantizar la coordinación entre las administraciones para revertir la escasez de vivienda asequible que afecta a las principales áreas urbanas. En este sentido, el informe ha detectado «incidencias relevantes» en el 61% de las actuaciones de vivienda del SEPES. De hecho, ninguno de estos planes había concluido a cierre de 2023, lo que provoca a su vez un incremento del 18% en los costes previstos por el SEPES, la entidad pública encargada de desarrollar suelo para vivienda asequible.
