Así lo ha aseverado Martínez-Aldama, presidente de la entidad, durante unas jornadas. Según Martínez-Aldama, la reforma de Sánchez «ha llevado a que, en los últimos cuatro años» hayan dejado de destinarse «10.000 millones de euros para el ahorro a la jubilación». «Igual han ido otros productos de ahorro, o cuentas corrientes, o alto consumo. Lo que sí sabemos es dónde no iba hasta entonces, que es el ahorro para la jubilación a largo plazo», ha explicado.
En cuanto a la reforma de 2022, el dirigente de Inverco considera que es un ejemplo de «fracaso» del Gobierno socialista, pues tenía como objetivo que 11 millones de trabajadores entraran en un sistema de capitalización en 2030 pero que, «a cinco años vista, en el año 2025, estamos por debajo de tres millones».
En ese sentido, el patrimonio gestionado augurado por el plan del Ejecutivo socialista era del 30% del Producto Interior Bruto (PIB) para finales de esta década. Sin embargo, a cinco años de alcanzar dicha meta «apenas llegamos al 3%».
Es por ello por lo que Inverco recuerda que las pensiones españolas, pese a las promesas de Sánchez, siguen «apoyándose casi exclusivamente en el pilar público», el cual concentra el 98% de las prestaciones frente a los sistemas complementarios.
«En España no tenemos tres pilares, solo tenemos uno, y creo que eso es importante para saber dónde estamos y a dónde queremos ir», ha asegurado Martínez-Aldama haciendo referencia a que en España sólo funciona el sistema de reparto, el cual absorbe al resto y asegura que hay que analizar «cuáles han sido los efectos de las reformas que el Gobierno en los últimos cinco años». Según explica, el Ejecutivo «ha implementado» medidas «claramente regresivas en materia fiscal» que no incentivan en ahorro y la inversión de cara a la jubilación. «Se ha reducido el límite de aportación al sistema individual de 8000 euros a 2000 euros y, después, a 1.500 euros anuales. Craso error», ha sentenciado el presidente de Inverco. Así, el único camino para sostener el sistema ha sido el público, el cual se encuentra en números rojos.
En concreto, Martínez-Aldama ha recordado que, según los datos de 2024, el gasto en pensiones públicas asciende ya a unos 190.000 millones de euros, a los que se añaden otros 22.000 millones correspondientes a las clases pasivas. Además, ha destacado que alrededor del 30% de estas prestaciones se financian mediante deuda pública, incluidas las pagas extraordinarias. «De cada diez euros que se pagan en pensión pública, siete se pagan con cotizaciones y tres con deuda pública que se emite cada año», ha recordado el profesional. En ese sentido, el responsable ha insistido que, si el Ejecutivo socialista quiere fomentar las pensiones privadas, debe de «empezar por dar ejemplo».
