El anuncio llega un día antes del Consejo de Ministros y en la misma semana en que Rodríguez comparece en el Congreso para defender su gestión al frente del Ministerio de Vivienda, con los datos del mercado tensionando los precios y un alza acumulada del 40% en la última década.
El plan es simple: obligar a las comunidades a congelar los alquileres, gravar a los grandes propietarios y poner coto a los pisos turísticos. Medidas de impacto «inmediato», dice Sumar, aunque recuperaras de anteriores batallas legislativas. Nada nuevo bajo el sol del socio minoritario del Gobierno, salvo el momento y la intención. Yolanda Díaz busca recuperar una bandera que el PSOE ha dejado medio caída y recordar que la agenda social del Gobierno también puede llevar su firma, justo cuando el Gobierno intenta proyectar unidad antes de las elecciones autonómicas de 2026.
El documento, que se presentará inmediatamente a la otra parte del Ejecutivo, se estructura en tres bloques.
El primero: una congelación general de los contratos de alquiler. Todos se prorrogarán tres años más, con dos adicionales en las zonas tensionadas. En la práctica, los contratos podrán alcanzar una duración mínima de diez años y los nuevos precios no podrán superar el del contrato anterior. Un modo de extender de facto la limitación de rentas y reforzar la seguridad de los inquilinos.
El segundo bloque apunta a la concentración de vivienda en pocas manos. Sumar propone que los propietarios con cuatro o más pisos paguen un 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario; el llamado Impuesto Temporal de Solidaridad. También elimina la bonificación del 40% en el Impuesto de Sociedades para quienes alquilen a precio de mercado; sólo los alquileres asequibles conservarán ventajas fiscales.
El tercer frente son los pisos turísticos y los alquileres de temporada, convertidos en un agujero legal por donde se escapan buena parte de las regulaciones y vacían buena parte del parque residencial. Sumar propone que toda estancia inferior a 30 días se considere alquiler turístico y tribute con un IVA del 21%. Además, eleva a rango de ley el registro obligatorio y el régimen sancionador aprobado en diciembre.
El contexto económico refuerza la jugada. Seis de cada diez viviendas se compraron al contado el último año, según el Banco de España, y casi el 40% de los inquilinos destina más del 40% de su renta a pagar el alquiler. España es, además, el país europeo con mayor proporción de arrendatarios en riesgo de pobreza o exclusión social.
El movimiento llega en plena negociación con el PSOE por los Presupuestos Generales de 2026, que siguen sin cerrarse, y dentro del plan del Gobierno para exhibir a sus ministros candidatos con medidas sociales. No es casualidad que Podemos pusiera sobre la mesa, como condición para apoyar las cuentas, limitar por ley el alquiler al 40% de la renta familiar. Con este decreto, Sumar se adelanta y le intenta comer la tostada a sus antiguos socios.
