Fuentes del Consejo Fiscal consultadas por Europa Press indican que García Ortiz ha tomado la palabra al principio del cónclave para explicar que no había base legal ninguna para suspender el Pleno y rechazar la petición de la AF, cuyos vocales electivos –seis de los nueve, a los que se suman el propio fiscal general y los dos vocales natos– no se han pronunciado al respecto.
Los seis representantes de la AF –la asociación mayoritaria en la carrera fiscal– presentaron el pasado 10 de octubre un escrito donde instaban al fiscal general a cancelar este Pleno al considerar que «la celebración del mismo resulta totalmente inoportuna hallándose García Ortiz en vísperas de ser enjuiciado por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de un hecho delictivo en el ejercicio de su cargo».
De esta forma, los vocales reiteraron la petición que ya hicieron respecto al Pleno anterior, de 18 de septiembre. «Si entonces se había declarado conclusa la fase de instrucción y acordado la apertura de juicio oral, ahora el Pleno convocado está llamado a celebrarse sólo dos semanas antes del comienzo del juicio», adujeron en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press.
A juicio de estos vocales, «la posición procesal del fiscal general del Estado está llevando a un progresivo y alarmante deterioro de la percepción ciudadana del Ministerio Público».
«Y, dada su condición de presidente del Consejo Fiscal, el órgano al que pertenecemos no es ajeno a este quebranto cuando, ante la inminencia de la celebración del juicio, se ve desempeñando sus funciones de asesoramiento y asistencia del propio fiscal general del Estado, en esta ocasión para la propuesta de nombramiento de quince plazas discrecionales», subrayaron.
En consecuencia, afirmaron que era necesario cancelar este nuevo Pleno y los consecuentes nombramientos discrecionales, «con el fin de que el ejercicio de estas funciones y la consideración pública del órgano de representación de la carrera (fiscal) queden preservados del perjuicio que se viene irrogando a la institución».
Los vocales se referían al juicio que arrancará el próximo 3 de noviembre contra García Ortiz en el Supremo por la presunta filtración a la Cadena SER del correo electrónico donde la defensa de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ofrecía a reconocer los delitos fiscales por los que finalmente ha sido enviado a juicio a cambio de llegar a un pacto con la Fiscalía.
Una vez rechazada la petición de suspensión, las fuentes consultadas aseguran que el Pleno se ha celebrado con normalidad acordándose proponer 15 nombramientos discrecionales en la cúpula de la Fiscalía. Si bien la mayoría han salido por unanimidad porque solo había un candidato, en otros, como el de fiscal superior de Galicia, para el que se ha propuesto finalmente a María del Carmen Eiró, la AF se ha opuesto abogando por otro aspirante.
García Ortiz también ha nominado a Íñigo Gorostiza como teniente fiscal de la Fiscalía del Principado de Asturias y a María del Carmen Barberán como fiscal jefa de la Fiscalía de Ávila, las únicas plazas –junto a la de Eiró– que contaban con varios candidatos.
Respecto a los otros doce cargos, García Ortiz ha propuesto la renovación de quienes ya los ejercen, al tiempo que ha comunicado al Consejo Fiscal el nombramiento de María Cacho como fiscal adscrita al nuevo fiscal de sala coordinador de Delitos Económicos.
Según ha informado la Fiscalía, Cacho cuenta con más de diez años de antigüedad en la carrera fiscal, estando actualmente destinada en la Fiscalía Provincial de Barcelona de cuya sección de Delitos Económicos forma parte desde 2018. «Antes de incorporarse a la carrera fiscal, se especializó en materia mercantil y delincuencia económica tanto en España como en el extranjero», apostilla.
