Conde-Pumpido, ha identificado como «amenazas» a la independencia de la Corte de Garantías «la interferencia política» mediante «manifestaciones que proceden de otros poderes del Estado». «Desde miembros de otros órganos del Estado, del Legislativo, del Ejecutivo o del Judicial», y que «desautorizan las decisiones del TC» cuando no las comparten, ha recalcado.
En la misma línea se ha referido a «las maniobras u obstaculizaciones que se producen en la ejecución de las sentencias del TC», enfatizando que «están en la cúspide del ordenamiento» jurídico y, por tanto, los magistrados del TC «son los últimos que hablan» y sus resoluciones «no pueden ser cuestionadas por ningún tribunal».
Así se ha pronunciado en la rueda de prensa que ha ofrecido con motivo del VI Congreso Mundial sobre Justicia Constitucional, que se celebra entre el 28 y el 30 de octubre en Madrid. Conde-Pumpido sí ha querido recordar que «en la época del Gobierno del PP se dictó una ley muy importante que dotaba al TC de competencias para ejecutar sus propias resoluciones» y que fue «muy útil» durante el procés.
Por otro lado, ha apuntado a «las campañas políticas o mediáticas que tratan de desautorizar y llevar a la opinión pública de que el TC no goza de la suficiente independencia», y de «que las decisiones del TC no son lo suficientemente equitativas», como otro riesgo.
Al ser preguntado sobre la falta de movimientos para que el Senado renueve el tercio del TC que le compete y que ahora representan Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías, los dos primeros de la mayoría izquierdista y los dos últimos, de la minoría conservadora, ha avisado este martes de que un bloqueo prolongado en la próxima renovación de la corte de garantías, que debería producirse a final de año y supondrá la salida del propio Conde-Pumpido, puede llegar a afectar al «buen funcionamiento» del órgano.
«El TC siempre se ha pronunciado en las sentencias que ha dictado a favor de que la renovación de los órganos constitucionales debe producirse en plazo. Eso significa que el bloqueo de una institución puede afectar al buen funcionamiento del conjunto del sistema jurídico».
