En su reforma, los socialistas incluyen una nueva causa de abstención y recusación para dar cabida a actuaciones que lleven a cabo jueces y magistrados en su calidad de representantes de un poder del Estado «que pueden afectar a su apariencia de imparcialidad». En concreto, las causas para apartar a jueces y magistrados vendrían dadas cuando «realicen manifestaciones públicas, invocando su condición o sirviéndose de la misma, contra actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas que sean parte en el procedimiento, dirigirse a ellos de forma privada con tal finalidad o participar en actos o concentraciones con el mismo objetivo».
Según explican los socialistas, esto no solo puede afectar al derecho a un juez imparcial, contenido indispensable del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino también a la «propia imagen de independencia del Poder Judicial».
La proposición de ley también busca derogar el artículo 525 del Código Penal, que hace referencia al delito contra las ofensas religiosas. En concreto, pide acabar con la pena de multa de ocho a doce meses a quienes, «para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican».
