El abogado de la acusación popular ejercida por la Asociación Independiente de Fiscales, el letrado Juan Antonio Frago, ha puesto de manifiesto que se incluyó a «dos fallecidos», profesionales «en excedencia o jubilados» o «letrados del Tribunal Constitucional», entre otros
El cinco de diciembre de 2024, una vez ya se conocía la imputación del fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta de Madrid, la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que es titular Pilar Rodríguez, emitió un informe en el que aseguraba que más de 500 personas pudieron tener acceso al contenido del expediente tributario y de la causa penal abierta contra el empresario Alberto González Amador, que contenían los datos personales que fueron publicados.
En dicho documento, el teniente fiscal del Ministerio Público madrileño, García-Juanes, explicó a petición de la Abogacía del Estado, que desconocía quiénes habían podido acceder a las actuaciones que se desarrollaban contra él por un fraude fiscal que superaba los 350.000 euros. Es decir, García-Juanes reconocía la imposibilidad de especificar «el número concreto» de personas que consultaron las actuaciones ya que, como hoy mismo ha recordado el abogado del Estado que defiende la inocencia de García Ortiz, las mismas fueron subidas a determinados buzones y «carpetas compartidas» de uso multitudinario.
Unas ubicaciones a las que tuvieron acceso cientos de funcionarios y fiscales, de acuerdo con la versión oficial de la Fiscalía. Una tesis que hoy, en el Supremo, ha sido cuestionada por el abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). El letrado y ex fiscal Juan Antonio Frago ha denunciado que contiene, como mínimo, el listado referido en el certificado contendría una «treintena de errores». Entre ellos, los nombres de «dos fiscales fallecidos», algunos en «excedencia», otros «jubilados», «letrados adscritos al Tribunal Constitucional», fiscales de la Unión Europea, etc.
