Esta ley fue el peaje fundamental exigido por Esquerra Republicana y, de manera decisiva, por Junts per Catalunya, para asegurar sus votos en la investidura. Registrada por el Grupo Socialista en noviembre de 2023, su tramitación fue un complejo ejercicio de negociación política. Finalmente, el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva la ley el 30 de mayo de 2024, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de junio de 2024. Sin embargo, la aprobación parlamentaria no supuso el fin de la batalla, sino su traslado al ámbito judicial.
El Tribunal Constitucional (TC) fue el primer escenario. El 26 de junio de 2025, el pleno del TC avaló la constitucionalidad de la ley, pero no de forma unánime ni completa. La decisión fue aprobada «salvo en tres aspectos» y contó con el voto particular en contra de cuatro magistrados del bloque conservador. El Senado, por su parte, había intentado frenar la ley mediante diversos recursos y la solicitud de cuestiones prejudiciales.
Paralelamente, la batalla se ha librado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En un informe clave emitido en noviembre de 2025, el Abogado General de la UE despejó el camino para la amnistía de figuras clave como Puigdemont, al concluir que la ley no se opone a la directiva europea contra el terrorismo. No obstante, el mismo informe puso «reparos» a ciertas disposiciones de la ley, lo que fue interpretado de forma opuesta por el Gobierno (como una «victoria rotunda») y la oposición (como una prueba de su «ilegalidad»).
Irónicamente, la ley que sirvió para inaugurar la legislatura se ha convertido, dos años después, en el argumento principal para su parálisis. La lentitud en su aplicación efectiva por parte de los tribunales españoles es uno de los principales «incumplimientos» esgrimidos por Junts para justificar la retirada de su apoyo al Gobierno en noviembre de 2025.
Más allá del eje catalán, el Gobierno ha impulsado una agenda de marcado carácter social y ha gestionado un ciclo económico expansivo, aunque la ejecución de los fondos que lo sustentan ha generado dudas.
En el plano legislativo, destacan varios hitos sociales:
Reforma Constitucional: En febrero de 2024, se aprobó con amplio consenso la reforma del Artículo 49 de la Constitución Española, eliminando el término «disminuidos» y actualizando la protección de las personas con discapacidad.
Ley de Paridad: En agosto de 2024 se publicó la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria, que exige una presencia equilibrada (al menos un 40% del sexo menos representado) en los consejos de administración de grandes empresas, en las juntas de Gobierno de colegios profesionales y en otros órganos de decisión.
Avances en Vivienda y Sanidad: Se consolidaron medidas de la Ley de Vivienda, como la confirmación de que los gastos de gestión inmobiliaria corren a cargo del arrendador, y se anunció la ampliación de la moratoria de los desahucios hasta 2028. Además, en julio de 2025, se aprobó la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.
En el plano económico, el Gobierno ha mantenido un relato de éxito. En su balance de julio de 2025, Pedro Sánchez subrayó que «España avanza con fuerza». Esta narrativa se ve respaldada por previsiones externas:
En noviembre de 2025, la Cámara de Comercio de España revisó al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2025 hasta el 2,9%.
Este crecimiento, muy superior al de socios europeos como Alemania o Francia, se sustenta en el «dinamismo del consumo privado» y la fortaleza del mercado laboral, con una previsión de crear más de 900.000 empleos entre 2025 y 2026. Analistas como CaixaBank Research y Funcas han confirmado este «buen tono» y «optimismo».
Sin embargo, existe una doble cara en esta bonanza. El motor de gran parte de esta actividad son los fondos europeos Next Generation. Para junio de 2025, el Gobierno informó que ya habían llegado a la economía real más de 53.600 millones de euros. Pero la gestión de estos fondos ha recibido críticas significativas.
Un informe de Funcas de septiembre de 2025 titulaba ‘Fondos NextGen: ¿la transformación que no llega?’. El análisis critica las «carencias en la capacidad de gestión» de las administraciones , la lentitud en la ejecución de pagos en sectores clave (como vivienda o digitalización) y la orientación de una parte sustancial de los fondos (cerca del 25%) a «gasto corriente» en lugar de a una «transformación estructural» del modelo productivo.
Frente judicial
Paralelamente a la acción de Gobierno, los últimos dos años han estado dominados por la apertura y aceleración de tres investigaciones judiciales que afectan directamente al Partido Socialista y al entorno familiar más cercano del presidente del Gobierno.
El ‘Caso Koldo’ y la implicación del PSOE
El caso que ha actuado como epicentro de la legislatura estalló en febrero de 2024 con la denominada «Operación Delorme».
El estallido (Feb. 2024): La investigación se centró en la detención de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. La trama investigaba presuntas comisiones ilegales en contratos de adjudicación a dedo para la compra de mascarillas durante la pandemia, por un valor total de 53 millones de euros.
La caída de Ábalos (Feb. 2024): El coste político fue inmediato. Ante la negativa de Ábalos a renunciar a su acta de diputado, el 27 de febrero de 2024, el PSOE anunció la expulsión del exministro y ex secretario de organización del partido.
La escalada al partido (Jun. 2025): El caso dejó de ser un asunto del «viejo PSOE» de Ábalos y salpicó al núcleo duro de Sánchez. Las investigaciones del Tribunal Supremo apuntaron a Santos Cerdán, el entonces Secretario de Organización del PSOE y figura clave en la negociación de la investidura. Ante los indicios, Sánchez exigió la dimisión inmediata de Cerdán de sus cargos en el partido y de su acta de diputado. Cerdán ingresó en prisión provisional.
La metástasis (Nov. 2025): El caso ha mutado de una trama de mascarillas a una investigación más amplia sobre adjudicaciones de obra pública. El 14 de noviembre de 2025, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedió a varias sedes de la constructora Acciona en Bilbao y Madrid. Esta pieza separada, que investiga a Cerdán, se centra en una «continuidad temporal» en las relaciones de Koldo con Acciona que se remontarían a 2015.
El segundo frente, y el más sensible políticamente, afecta a la esposa del presidente, Begoña Gómez.
El 24 de abril de 2024, trascendió que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, había abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia fue interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias.
Ese mismo día, Manos Limpias admitió en un comunicado que su denuncia se basaba exclusivamente en informaciones periodísticas.
Sánchez reaccionó publicando una «carta a la ciudadanía». En ella, denunciaba una «maniobra» de «acoso y derribo» y una «máquina del fango». Anunció que cancelaba su agenda para iniciar un «periodo de reflexión» de cinco días para decidir «si continuar al frente del Gobierno».
El 29 de abril, tras un fin de semana de movilizaciones de apoyo en la sede del PSOE, Sánchez compareció para anunciar que había decidido quedarse y «seguir con más fuerza».
Aunque informes de la UCO no apreciaron indicios de delito en la actuación de Gómez respecto al rescate de Air Europa, el juez Peinado mantuvo la causa abierta y la reorientó. El 18 de agosto de 2025, imputó a Begoña Gómez por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Esta nueva línea se centra en el supuesto uso de personal de Moncloa para sus actividades privadas.
El juez Peinado ha prorrogado la instrucción hasta abril de 2026. El 5 de noviembre de 2025, rechazó el archivo y amplió la investigación imputando a más personal de La Moncloa, destacando Judit Alexandra González, actual Secretaria General de Presidencia, por un presunto delito de malversación. La investigación ha mutado de un caso de «tráfico de influencias» (que se ajustaba a la narrativa de «fango») a un caso técnico-administrativo sobre el presunto uso irregular de fondos públicos , lo que complica la defensa política del Gobierno.
El tercer frente judicial afecta a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente.
El caso, también iniciado por una denuncia de Manos Limpias 50, se centra en presuntas irregularidades en su contratación como alto directivo en la Diputación de Badajoz.
La Audiencia Provincial de Badajoz confirmó el procesamiento (auto de apertura de juicio oral) de David Sánchez. Los delitos imputados son prevaricación y tráfico de influencias. Los informes de la UCO y la investigación judicial apuntan a que su plaza pública fue presuntamente «diseñada exclusivamente para él».
Fecha de Juicio (Nov. 2025): Este es el caso judicialmente más avanzado. La Audiencia de Badajoz ha fijado fecha para el juicio oral, que se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026.
Implicaciones Políticas: El hermano del presidente será juzgado junto a Miguel Ángel Gallardo, quien era el presidente de la Diputación de Badajoz en el momento de la contratación y es el actual Secretario General del PSOE de Extremadura. Este caso es políticamente muy dañino por su simplicidad, al ser un presunto caso de nepotismo clásico, reforzando la narrativa de la oposición sobre una «corrupción moral» sistémica.
A continuación, se presenta una cronología comparativa de los tres frentes judiciales que han marcado los dos últimos años de legislatura.
La colisión entre los hitos legislativos, dependientes de una mayoría parlamentaria precaria, y el desgaste provocado por el triple frente judicial ha sumido a la legislatura en un estado de parálisis efectiva al cumplir su segundo año.
El síntoma más evidente de la debilidad parlamentaria del Gobierno es su incapacidad para aprobar la ley más importante del año: los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno no logró aprobar los presupuestos de 2024 y, ante la falta de apoyos, tampoco ha podido sacar adelante los de 2025.Como resultado, España opera con una doble prórroga de los presupuestos de 2023.
Las negociaciones para 2025 quedaron «en punto muerto» por las exigencias de financiación de los socios catalanes. Esta situación, según advierten organismos como el Instituto de Estudios Económicos, genera una notable «incertidumbre» que «no contribuye a crear un clima favorable a la inversión». Existe una profunda contradicción entre el «viento de cola» de una economía que crece al 2,9%, aunque el IPC sube más que ese crecimiento, y la incapacidad de un Gobierno «atado de manos» para gestionar esa bonanza con herramientas fiscales actualizadas.
El golpe definitivo a la gobernabilidad se produjo en noviembre de 2025, coincidiendo con el segundo aniversario de la investidura. Puigdemont y Junts per Catalunya «solemnizaron la ruptura» con el PSOE y anunciaron la retirada de su apoyo parlamentario.
La justificación de Junts se basa en un supuesto «incumplimiento» de los acuerdos de investidura: la lenta e ineficaz aplicación de la amnistía por parte de los jueces, la falta de avances en la oficialidad del catalán en la UE y la ausencia de progresos en la financiación autonómica.
La consecuencia es el «bloqueo legislativo» total. Junts ha anunciado que presentará «enmiendas de totalidad a todas las iniciativas legislativas» del Gobierno. Se estima que esta decisión afecta a más de 50 leyes que estaban en tramitación parlamentaria. A pesar de haber perdido la mayoría que le permitió ser investido, Pedro Sánchez ha manifestado su intención de agotar la legislatura, afirmando que gobernará «con o sin presupuestos hasta 2027».
