De acuerdo con el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, los plazos de pago de 2025 se mantienen estables, con respecto al año anterior. Sin embargo, un 47% de las empresas siguen cobrando sus facturas por encima de los 60 días, lo que genera tensiones de liquidez a medida que se alarga el período de cobro. El período medio de pago es un indicador clave para evaluar la gestión de tesorería y la salud financiera de una organización.
De acuerdo con el trabajo de campo, en el que han participado cerca de 800 gestores de empresas de todos los tamaños y sectores, un 7% del tejido productivo trabaja con sus clientes por encima de los 90 días. Sin embargo, sólo el 53% de las empresas opera con plazos por debajo de los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, un punto por encima de los niveles prepandémicos de 2019. Apenas un 11% ha logrado reducir ese plazo a los 30 días que trató de impulsar la Comisión Europea.
El 78% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes en sus operaciones B2B. La capacidad de los autónomos para poder alargar los plazos de pago se reduce al 11%. En el caso de la pyme, este valor alcanza el 39% y escala al 52% en la gran empresa.
La pandemia, correspondiente a las oleadas de 2020 y 2021, mostró un cambio en el comportamiento de los dos principales segmentos empresariales en los que se apoya la economía española. En el caso de las pymes se observó un claro incremento de su imposición de plazos de pago más largos, un síntoma del intento de diluir a través la cadena de valor sus problemas de tesorería. Por contra, esas dos oleadas reflejaron entre las grandes empresas, especialmente en 2021, una estrategia de protección de la salud financiera de sus proveedores. Sin embargo, los datos de 2025 muestran ya un comportamiento en línea con los valores históricos de la serie.
Aunque en menor medida, las Administraciones también forman parte del problema de la extensión indeseada de los plazos de pago: el 48% de las empresas que trabaja con el sector público tiene que aceptar plazos superiores a los deseados, tres puntos por encima a los niveles registrados en 2024. El peor comportamiento, que afecta al 38% de las empresas, se da entre las Administraciones locales. Este porcentaje se reduce en las Administraciones autonómicas (18%) y en las estatales (9%), a medida que desciende el nivel de competencias atribuidas a cada institución.
Un 56% de las empresas percibe problemas financieros en sus clientes, cinco puntos porcentuales menos que hace un año. Sin embargo, aumentan los niveles relativos a los retrasos intencionados por parte del cliente, alcanzando el 57% frente al 55% de 2024. La complejidad del procedimiento de pagos (18%), la emisión de facturas incorrectas (9%) o las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (7%) siguen estando entre las principales razones del retraso en los pagos.
