En su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre el incidente, Prieto afirmó que hasta el ‘blackout’ del sistema eléctrico no se había impuesto ninguna sanción por el control de tensión por el regulador, ya que «no se había manifestado como un problema» por parte del operador del sistema, Red Eléctrica.
«Nadie nos había puesto de manifiesto que había alguien que estuviese incumpliendo el control de tensión», dijo, reiterando en varios ocasiones que ni el día del apagón ni los días previos se tuvo ninguna comunicación en este sentido.
Por otra parte, indicó que la solicitud formal de Red Eléctrica para la modificación del procedimiento de operación (PO) 7.4, para aumentar las herramientas de control de tensión, «llegó en julio del 2021», aunque no se aprobó hasta julio de 2025, «después del apagón», ya se han ido desarrollando todos los procedimientos de operación «en la medida en que técnicamente se consideraba que estaban maduros para aprobarse».
Por otra parte, Prieto destacó que la CNMC está trabajando en un informe «muy exhaustivo» sobre el apagón, aunque no cuenta con «ningún plazo específico» para su presentación. A este respecto, señaló que la CNMC ha llevado a cabo petición de información a todos los agentes para ese informe y, además, está teniendo en cuenta todos los aspectos, desde la operación que se dio esa jornada hasta los grupos programados y todas las cuestiones adicionales, ya que fue «un día realmente excepcional».
En este sentido, añadió que el regulador en esta fase de investigación en la que se encuentra ha hecho «decenas» de requerimientos de información a los diferentes agentes, «más de una de decena» de ellos al operador del sistema, que ha respondido a ellos. No obstante, recordó que, en caso de que alguno no colaborase, la CNMC tiene la potestad de abrir expedientes sancionadores por falta de provisión de información.
A este respecto, destacó que el regulador cuenta con un expediente de 5.000 folios y 15 gigas de datos, y que está «verificando todos y cada uno de los datos de cada segundo» del día del incidente, pero también del mes anterior y durante ese año. «Es una labor que requiere un rigor técnico, una exhaustividad para estar seguro de lo que nos estamos enfrentando», apuntó.
Así, defendió que el objetivo de la CNMC, en ese informe que elaborará la dirección de Energía y luego se elevará al Consejo del regulador para su aprobación, es «identificar todos los hechos coyunturales, estructurales, operativos y de sistemas o de equipos que pudieron dar lugar a esta concatenación de hechos y ese desgraciado incidente excepcional que se produjo el 28 de abril».
Además, recordó que el régimen sancionador que tiene la CNMC permite imponer multas por infracciones muy graves, graves o leves que, en el caso de las muy graves, alcanzan hasta los 60 millones de euros, así como la posibilidad de pedir la «restitución de daños».
Por otra parte, Prieto consideró que el modo reforzado en que opera el sistema eléctrico desde el apagón garantiza, junto a otras medidas adicionales, como las rampas para que la generación «no entre y salga de golpe», que no se produzca un nuevo hecho de tal magnitud. «Entendemos que todas esas medidas tienen que redundar en una garantía adicional de seguridad para el sistema eléctrico y para eso estamos trabajando todos».
