Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2023 se prorrogarán automáticamente por tercera vez este 1 de enero, a la espera de que a lo largo de la primera parte del año el Gobierno de Sánchez presente y saque adelante en las Cortes Generales unas nuevas cuentas públicas para el ejercicio 2026.
En el último Consejo de Ministros del año 2025, el Gobierno aprobó un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que son los que actualmente están en vigor, ya que en 2024 y en 2025 no se han aprobado unas nuevas cuentas públicas. La medida cumple con el artículo 134 de la Constitución Española, en el que se recoge que si al llegar el 1 de enero no hay una nueva Ley de Presupuestos, como así va a suceder nuevamente en 2026, se considerarán automáticamente prorrogados las cuentas públicas del ejercicio anterior. Se trata de la undécima prórroga presupuestaria de la democracia, ya que sucedió anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, en dos ocasiones los de 2018 y ahora por tercera vez con las de 2023.
Ante un arco parlamentario tan fragmentado, especialmente tras la ruptura definitiva anunciada por Junts, el Ejecutivo tendrá que esforzarse por recabar los apoyos suficientes para que puedan ver la luz unas nuevas cuentas públicas en España. Lo que ya tiene listo el Ejecutivo es el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2026, que se eleva a la cifra récord de 216.177 millones, así como la senda de déficit y deuda para las administraciones públicas, pese al rechazo del Congreso.
Ya que la senda de déficit fue rechazada por la Cámara Baja, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que deja menos margen de gasto a las comunidades autónomas y otorga mayor flexibilidad a la Administración Central. El déficit fijado para el conjunto de las administraciones públicas bajará desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por el lado de la deuda pública, el Gobierno ha situado el objetivo para las administraciones públicas en el 100,9% del PIB en el 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en el 2028. Todo ello con una perspectiva macroeconómica «sólida», tras el fuerte crecimiento de la economía española registrado durante el ejercicio 2025. En concreto, las previsiones que maneja el Gobierno sitúan el avance del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2,9% para 2025 y en el 2,2% para 2026. Para 2027 y 2028, el Ejecutivo estima un crecimiento económico algo menor, del 2,1% para cada ejercicio.
En cuanto al mercado laboral, las proyecciones del Gobierno apuntan a que la tasa de paro bajará al 10,5% en 2025, ocho décimas por debajo del registro de 2024; caerá al 9,9% en 2026, al 9,5% en 2027 y al 9% en 2028, hasta niveles previos a los de la crisis financiera.
