La agencia de calificación considera que si bien el impacto de la reforma del modelo no sería negativo, dado que implica más recursos para cada región, en la práctica, sacarlo adelante es todo un reto dado que algunos grupos parlamentarios que necesita para aprobarla han manifestado su oposición.
«Esta mayor participación deja más expuestas a las CCAA a la evolución del ciclo económico», ha explicado Rodríguez Anglada, lead Analyst, Sovereign & International Public Finance de la compañía. Durante la celebración de la conferencia de prensa anual, Anglada ha lamentado que España está perdiendo la oportunidad de aprovechar el ciclo económico favorable para reducir el nivel de déficit, sobre todo, de cara a afrontar las presiones presupuestarias que conllevará el envejecimiento de la población o los mayores gastos relacionados con los eventos climáticos, como la DANA o los incendios que asolaron parte del país en verano.
En este contexto, confía en que la expansión de la economía española se mantenga por encima de la media de la eurozona, si bien detecta signos de ralentización. Su previsión contempla un avance del 2,1% a nivel nacional para este 2026, prácticamente el doble de la que esperan para la eurozona. El porcentaje se reducirá al 1,8% tanto en 2027 como en 2028. Hay que tener en cuenta que el año pasado se registró una mejora del PIB de casi el 3%, por lo que estos datos evidenciarían el freno económico.
Las previsiones ya recogen el impacto del acuerdo arancelario alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos el pasado julio, que restará tres décimas en el caso de España, ligeramente por debajo de la eurozona, a la que podría restar entre cuatro y cinco décimas. La agencia de calificación mejoró el pasado septiembre la nota a España hasta la ‘A3’, que había perdido durante la crisis financiera de 2008, desde el ‘B3’ con perspectiva estable, al considerar que la fortaleza de la actividad está mejorando por un crecimiento más equilibrado y el desapalancamiento llevado a cabo por el sector privado.
A este respecto, S&P comenta que la citada reforma podría tener efectos sobre el ‘rating’ soberano español, argumento que escuda en el hecho de que las quince comunidades del régimen común manejarán un mayor presupuesto con el cambio de modelo, condicionado la salud financiera de España.
