Así lo indican los datos adelantados, aún a la espera del cierre oficial, de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado. Ese será el resultado de un crecimiento de ese desembolso superior al 4,5% con respecto al ejercicio 2024, en el que también se registró un récord que finalmente 2025 ha dejado a su espalda. Detrás de esta imparable tendencia alcista, a los que en nada afectan vicisitudes como la imposibilidad de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, actúan dos factores. Por un lado, los incrementos salariales pactados con los sindicatos; por otro lado, el aumento en paralelo de las plantillas de las tres Administraciones, un fenómeno que se agudizó en los años inmediatamente afectados por la pandemia del Covid-19, y que no ha perdido ímpetu en los ejercicios posteriores. La actuación de estas dos fuerzas provoca que el comportamiento de la masa salarial en el ámbito público tenga un comportamiento netamente dispar con respecto a lo que ocurre en el sector privado. Ya se observó este fenómeno en 2024 y se repite en 2025.
De acuerdo con las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria, en las que monitoriza las retenciones aplicadas a las nóminas de acuerdo con su cuantía, los avances de cinco puntos porcentuales que muestran las retribuciones en la Administración crecen ahora tan solo un punto por debajo del incremento que muestran sus homólogas desembolsadas por las empresas privadas, en los últimos años. Es más, la masa salarial en este último ámbito todavía crece, como es lógico ante el boom que presenta el mercado laboral, pero muestra desaceleraciones en su avance, de hasta un punto porcentual en escala trimestral. Medido en términos de la cuantía promedio de los salarios, las Administraciones también ganan por una importante diferencia. De acuerdo con los datos del INE, la remuneración promedio de los empleados públicos se sitúa actualmente en 3.230 euros, mientras que su equivalente en las empresas privadas es de 2.182 euros.
La diferencia entre ambos grupos es habitual debido a que el sector público presenta, en términos proporcionales, un mayor número de altos cargos y de personas que desempeñan funciones de cualificación elevada. Con todo, no es frecuente que la brecha sea tan grande que supere los mil euros.
Para entender cómo se reparte este comportamiento al alza entre la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales es necesario recurrir a los datos de la Intervención General del Estado y de los otros niveles del sector público. El cotejo de cifras revela que, en la actualidad, el 61,4% de los empleados de las Administraciones españolas pertenecen a las comunidades autónomas, las cuales aumentaron sus plantillas un 4,4% en 2024 (último dato definitivo) respecto al año anterior, hasta alcanzar los 1,8 millones de trabajadores. De 2018 a 2023 las autonomías engordaron sus plantillas un 16,1%. A las administraciones autonómicas les competen servicios tan intensivos en mano de obra como sanidad, educación, justicia o servicios sociales. Sus cotas actuales en estos ámbitos superan en más de un 15% los niveles preCovid en algunos territorios.
En lo que respecta a ayuntamientos, diputaciones y entidades locales de menor rango han sido los más aplicados a la hora de incorporar efectivos, pues solo en el primer trimestre del año 2024 éstos subieron en 110.209. En el periodo 2018-23 su personal creció un 6,8%. En los últimos seis años se han convocado un total de 239.872 plazas en la Administración General del Estado, cantidad que se vio complementada, el pasado mes de julio, con la publicación de la nueva oferta de empleo en las Administración estatal, que se situó en 36.588 vacantes, de acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Función Pública.
El pasado mes de diciembre, Gobierno y sindicatos firmaron el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2025-2028 en el que se pactaron las subidas salariales para los próximos dos años. En concreto, hasta 2028 las nóminas de los trabajadores públicos se incrementarán un 11,4% teniendo en cuenta el acumulado. Para el año 2025 los salarios de los empleados del sector público se incrementaron un 2,5% –el acuerdo se validó en diciembre y los trabajadores deben recibir lo correspondiente al año pasado durante este ejercicio–, este año el aumento era el más leve, del 1,5% fijo que se complementará con un 0,5% variable siempre y cuando el IPC de este ejercicio sea superior al 1,5% –las previsiones de los principales servicios de estudios sitúan en índice incluso por encima del 2%. Cabe destacar que ese medio punto variable se remunerará en los tres primeros meses del próximo año.
Para 2027, los funcionarios recibirán el mayor impulso en sus nóminas, que se verán incrementadas un 4,5%. Por último, para 2028 el aumento será del 2%, casi en la misma línea que lo que se prevé para este ejercicio. Este acuerdo salarial supera en 1,6 puntos porcentuales al que finalizó en 2024 y que contemplaba los incrementos de 2022, 2023 y 2024, ya que en esos tres años las nóminas de los empleados públicos se vieron incrementadas un 9,8%. Cabe destacar que ese acuerdo no contó con el apoyo de Csif, ya que consideraron que los trabajadores públicos iban a perder poder adquisitivo durante esos años. Y es que la inflación media acumulada en esos años fue del 14,7% (8,4% en 2022, 3,5% en 2023 y 2,85 en 2024) lo que conlleva que la pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos fuera del 5,2%.
Una de las premisas con las que los sindicatos partieron en la negociación era recuperar poder adquisitivo respecto a 2022, y uno de los motivos por los que salió adelante, ya que las previsiones del IPC de la Airef para los próximos tres años es del 8,5%, el incremento del 11,4% ayudará a los trabajadores públicos recuperar poder de compra en estos años.
