La brecha estimada debe interpretarse como una aproximación al límite superior del fraude, ya que además de la ocultación deliberada de rentas, puede recoger otros conceptos, como elusión fiscal o diferencias conceptuales y estadísticas entre fuentes. No debe confundirse con la economía sumergida, que engloba también actividades ilegales o empleo no registrado e implica además a otros impuestos.
El informe estima también el coste recaudatorio asociado a esta brecha fiscal, dadas las importantes consecuencias sociales y económicas que puede tener, en términos de eficiencia, equidad, y de sostenibilidad de las finanzas públicas: reduce la recaudación, genera desigualdad entre contribuyentes y puede obligar a aumentar la presión fiscal sobre quienes cumplen. Por ello, algunos países realizan estimaciones oficiales periódicas para evaluar el cumplimiento fiscal y guiar sus políticas de control. En España, en cambio, no se dispone de estimaciones oficiales sobre este indicador.
La metodología utilizada consiste en comparar la renta declarada en el IRPF, obtenida a partir de microdatos fiscales de declarantes y no declarantes, con la renta real de los hogares procedente de la Contabilidad Regional de España. Dado que ambas fuentes no son plenamente comparables, ha sido necesario realizar una serie de ajustes, basados en información adicional. El porcentaje de renta real que se declara constituye el grado de cumplimiento fiscal, y la diferencia respecto al 100% constituye la brecha fiscal. El análisis se centra en las categorías de renta para las que la correspondencia entre ambas fuentes de información resulta fiable: rentas del trabajo, rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario, y rentas del capital mobiliario.
Los resultados muestran una mejora sostenida del cumplimiento fiscal agregado en el IRPF a lo largo del periodo analizado. A comienzos de los años 2000, la renta declarada representaba en torno al 70-75% de la renta real, y en los últimos años ha alcanzado niveles cercanos al 80-85%. Pese a esta evolución favorable, la brecha fiscal sigue siendo elevada: en 2022, la renta no declarada ascendió a casi 112.000 millones de euros.
Por tipo de renta, las rentas del trabajo son las que presentan mayores niveles de cumplimiento fiscal, cercanos o superiores al 90%. Ello se debe al sistema de retención en origen, que limita de manera muy eficaz las posibilidades de ocultación. Por el contrario, las rentas distintas del trabajo, que tienen una trazabilidad administrativa mucho menor, muestran niveles de cumplimiento fiscal mucho más bajos: aunque ha mejorado de forma significativa, en 2022 sigue habiendo una brecha fiscal de casi la mitad de estas rentas.
El análisis territorial revela una mejora generalizada del cumplimiento fiscal agregado en todas las comunidades autónomas y una reducción de las disparidades regionales. Las mayores mejoras se registran en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha; mientras que los avances más moderados corresponden a Asturias y Aragón. Por tipo de renta, el cumplimiento fiscal en las rentas del trabajo mejora en todas las comunidades, siendo más intenso allí donde existía mayor margen inicial, lo que ha favorecido una clara convergencia territorial. En cambio, en las rentas distintas del trabajo la evolución es mucho más heterogénea: algunas regiones, como Madrid, experimentan progresos muy significativos, mientras que otras, como Murcia o Asturias, apenas mejoran, dando como resultado un mapa de cumplimiento fiscal más polarizado que hace dos décadas.
Se estima que el coste recaudatorio bruto asociado a la brecha fiscal en el IRPF se situó en 2022 entre 21.000 y 51.000 millones de euros, lo que equivale, aproximadamente, al 19-47% de la cuota líquida del IRPF y al 1,5-3,7% del PIB. Las rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario concentran la mayor parte de este coste, mientras que las rentas del capital mobiliario son las que menos peso tienen. Tras descontar los casi 10.000 millones de euros de IRPF recuperado, en 2022, mediante actuaciones de control de la Agencia Tributaria, el coste recaudatorio neto se situó entre 11.300 a 41.300 millones de euros, lo que suponía, entre el 0,8–3% del PIB.
Estas cifras ponen de relieve que, incluso en el escenario más conservador, la brecha fiscal en el IRPF representa un volumen de recursos comparable al de algunas de las principales partidas del gasto público, lo que subraya la importancia de este fenómeno, desde el punto de vista de las finanzas públicas, y la necesidad de abordarlo
