El equipo de Díaz ha planteado crear un incentivo fiscal en el Impuesto de Sociedades para las empresas que se vean afectadas por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a cambio de mantener la plantilla y elevar los salarios por encima de este umbral, según confirman fuentes de la negociación. Esta sería la alternativa al cambio en la Ley de Desindexación que habían demandando los empresario. En todo caso, el Gobierno subirá el SMI un 3,1%, hasta los 1.221 euros.
Díaz tenía previsto dar por concluidas estas conversaciones el pasado 15 de enero, si bien, decidió darse unos días de margen para explorar con el Ministerio de Hacienda las fórmulas legales que permitirían revisar los contratos adquiridas por las administraciones públicas con empresas del sector privado para adaptarlos a la subida del salario más bajo. En los últimos años, tanto empresas como sindicatos habían denunciado los problemas que estaba acarreando la regulación adoptada en 2015, en un contexto de crisis económica, que impedía repercutir estos incrementos de costes. Sin embargo, la alternativa puesta sobre la mesa serviría a todas las empresas que tengan una parte importante de la plantilla vinculada a este sueldo, aunque no presenten servicios al Sector Público.
Esta fórmula, se concretará en los próximos días por lo que todavía no se ha cerrado la negociación del próximo SMI. El secretario de Acción Sindical de CCOO, Pacheco, ha explicado que el Gobierno ha presentado una «propuesta conceptual» en la que identifican varias lagunas y a la que le falta concreción. El portavoz sindical ha expresado sus dudas respecto a las garantías jurídicas que habría sobre el compromiso de elevar más los salarios en los años siguientes, «no sea que se produzca un proceso de deducción fiscal pero no se garantice que se repercuta a los incrementos salariales».
