Esta nueva estimación de Funcas, con la misma metodología que la publicada en mayo de 2024, apunta a un crecimiento notable y sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando la cifra estimada ascendía a unos 107.000 (4,2% de la población extracomunitaria residente en España). Destacan las nacionalidades americanas, con 760.000 residentes en situación irregular, y, entre ellas, la colombiana, con cerca de 290.000, la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000). A bastante distancia se sitúan las nacionalidades africanas (50.000), las asiáticas (15.000) y las europeas (14.000).
Esta cifra se explica por el fuerte incremento de la población con nacionalidades de países no comunitarios en los cinco últimos lustros, y muy notablemente desde 2017 (de 2,5 a 4,9 millones), con las nacionalidades americanas como responsables del gran crecimiento de dicha población en estos ocho años. El resto de las nacionalidades también ha crecido, pero a un ritmo mucho menor. No extraña, entonces, que supongan, en 2025, el 91% de la población extranjera en situación administrativa irregular.
La cifra de 840.000 residentes en situación irregular es anterior a la última reforma de los procedimientos de regularización, que entró en vigor en mayo de 2025 y cuyo propósito es su flexibilización, por lo que tendería, en principio, a reducir la cifra de “irregulares”, aunque, obviamente, es muy pronto para estimar 2025-2027. Incluso aunque se cumpliera este objetivo, si las pautas de migración y de regularización no vinculadas al arraigo mantuvieran la dinámica actual, las estimaciones de Funcas apuntan a que el número de residentes en situación irregular no disminuiría, sino que tendería a estabilizarse.
Para Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, “la nueva estimación de la población en situación irregular en España vuelve a poner de manifiesto los rasgos del modelo migratorio español de los últimos 25 años. Este modelo asume que una proporción notable de los inmigrantes pasan por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa, de modo que se producen grandes aumentos de la población en esa situación cuando crecen con intensidad los flujos de entrada, como en la actualidad”. Miyar recuerda que hasta 2005 se recurrió a regularizaciones extraordinarias dirigidas a contingentes de población en situación irregular próximos o superiores al millón de habitantes. Desde entonces, se ha confiado en las medidas de arraigo (social, familiar, laboral y de formación) como una especie de regularización extraordinaria continua. Este mecanismo, aunque ha prevenido la aparición de volúmenes de población en situación irregular similares a los anteriores a 2005, no ha logrado, como revela el cálculo de Funcas, evitar los notables crecimientos que se producen en periodos de llegadas abundantes.
En este contexto, la cifra estimada por Funcas vuelve a llamar la atención sobre la escasa planificación de la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben ni sobre sus características. Este enfoque es coherente con un modelo de crecimiento que no requiere una selección rigurosa del capital humano acumulado, que se configura no solo a través del sistema educativo, sino también a partir de los flujos migratorios recibidos. Facilitar la regularización por arraigo contribuirá, seguramente, a la integración social de muchos inmigrantes, que pasarán menos tiempo en un limbo administrativo sui generis y que tendrán acceso al empleo regular, pero sigue sin implicar planificación. Para ello habría que implementar medidas que mejoren el manejo de los flujos migratorios y que se enmarquen en una estrategia amplia de crecimiento económico y productividad, orientando la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra, y, en mayor medida, con requerimientos de cualificación. Así se contribuiría a consolidar procesos de llegada regulares y se evitaría que tantos trabajadores foráneos estuviesen largos periodos en situación irregular. Además, permitiría una mejor integración laboral y social de los inmigrantes, reduciéndose su vulnerabilidad, aumentando su autonomía económica y su contribución al sostenimiento del sistema de bienestar.
