Pese a las buenas palabras de la cúpula de Indra, la reunión estará marcada por las dudas en torno a la operación por parte del Gobierno, que no quiere perder el control de la principal empresa nacional de defensa, y también por la batalla judicial abierta por Santa Bárbara Sistemas, filial en España de la estadounidense General Dynamics.
Por un lado, la idea de Indra es seguir con el proceso de fusión por absorción de EM&E, una operación que presenta diversos conflictos de interés debido a que los propietarios de la compañía son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, presidente de EM&E y consejero dominical de Indra en representación del 14,3% que EM&E tiene de Indra. De hecho, EM&E es el segundo mayor accionista de Indra después del Gobierno, que posee un 28% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
De cualquier forma todo parece indicar que en el consejo de hoy se prevé que se pondrán sobre la mesa diversas alternativas a la fusión por absorción.
Más allá de la operación, la reunión del consejo deberá estudiar su posición frente a la batalla judicial que ha iniciado Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics European Land Systems, cuya matriz es la estadounidense General Dynamics) contra la adjudicación de determinados contratos militares por parte del Ministerio de Defensa a Indra y Escribano.
Como se sabe, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo en el que se solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y EM&E para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno. Se trata de la concesión de los créditos para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros).
No obstante, Santa Bárbara también ha confirmado su intención de iniciar los trámites administrativos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) para interponer un recurso de alzada contra la adjudicación de los propios contratos, cuyo importe conjunto se sitúa en 7.240 millones de euros.
Al margen de la prefinanciación, que se otorgó el pasado octubre, los contratos se adjudicaron el pasado 22 de diciembre, con un presupuesto de casi 2.686 millones de euros para el obús de ruedas y de 4.554 millones de euros para el de cadenas. Sin embargo, las desavenencias actuales entre Indra y General Dynamics, que arrancaron el año pasado, cuando la primera intentó comprar a la segunda su fábrica de Trubia (Asturias) –a lo cual se negó en rotundo–, van más allá de los contratos de los obuses. En ese sentido, Santa Bárbara también acusa de espionaje industrial a Indra en una situación en la que estaría involucrado el director jurídico de Indra, de Álvaro, que antes trabajaba en Santa Bárbara.
