Al prescindir del consenso y acelerar el proceso, el Gobierno de Sánchez opta por una estrategia que, si bien puede tener réditos inmediatos en cuanto a proyección internacional o apoyo de ciertos colectivos, debilita los fundamentos del sistema democrático representativo. El Parlamento, como espacio natural del debate plural y la representación popular, queda relegado a un segundo plano, alimentando la percepción de que las decisiones de gran calado se toman de espaldas a la ciudadanía.
En el plano social, la medida llega en un momento de especial sensibilidad: tras una tragedia que conmocionó al país y en el contexto de una campaña electoral autonómica con alta polarización. La sociedad española, según muestran los datos citados, se encuentra dividida en torno a la cuestión migratoria, pero mayoritariamente demanda control y gestión rigurosa en la entrada de personas extranjeras. Ignorar este sentimiento ciudadano no solo puede erosionar la legitimidad de la medida, sino provocar una reacción social adversa, materializada en el crecimiento de discursos populistas y en la desconfianza hacia las instituciones.
Desde el punto de vista político, la regularización pactada con Podemos también es simbólica: marca el retorno de esta formación al apoyo activo del Gobierno, cerrando filas en torno a una causa de alto impacto mediático. Sin embargo, esta alianza, sustentada sobre intereses coyunturales y no sobre un consenso social amplio, podría revelar fragilidades en la base parlamentaria del Ejecutivo y dificultar la gobernabilidad ante futuras crisis o cuestiones de Estado.
Por otro lado, la apuesta de Sánchez por proyectar una imagen de liderazgo moral en el contexto internacional podría tener efectos contraproducentes en el ámbito europeo, donde predominan políticas migratorias más restrictivas y acuerdos como el reciente Pacto de Inmigración y Asilo de la UE. Este distanciamiento respecto a las tendencias mayoritarias en Occidente puede aislar a España en futuros debates y negociaciones continentales, dificultando la cooperación y la gestión conjunta de este reto global.
Finalmente, el uso selectivo o inexacto de datos sociológicos para justificar la regularización pone en entredicho la transparencia y la honestidad del discurso político. La opinión pública, fragmentada y muchas veces expuesta a la desinformación, requiere de información clara y precisa para poder participar activamente en el debate democrático. En suma, la regularización masiva de personas migrantes, tal y como ha sido planteada, no solo amplifica la controversia política, sino que también compromete la confianza pública, la estabilidad institucional y la calidad del sistema democrático.
