El Consejo ha dado el primer paso para autorizar la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La nueva normativa prohíbe el ‘modelo Alzira’ de Ribera Salud y Quirón en la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana
En concreto, el texto deroga la Ley 15/1997, aprobada bajo el Gobierno de Aznar y que abrió la puerta al modelo Alzira y otras fórmulas de gestión. Establece que la prestación y gestión sanitaria podrá realizarse no solo con medios propios, sino también mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, de acuerdo con la Ley General de Sanidad. El anteproyecto de ley «elimina definitivamente» los modelos en los que una empresa privada asume la construcción de un hospital y su posterior gestión. Es el caso del modelo Alzira, nacido en la Comunidad Valenciana en 1999 de la mano de Ribera Salud, entonces dirigida por Alberto de Rosa. En este esquema, la Administración paga un canon per cápita por la población asignada, independientemente de la actividad que realice; mientras que en otros sistemas de gestión se remunera a las gestoras privadas de los centros públicos en función de la actividad.
En la actualidad, la red sanitaria española está compuesta por cuatro hospitales bajo este modelo de gestión: el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz y el Hospital del Vinalopó, administrados por Ribera Salud, y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el Hospital Universitario Infanta Elena y el Hospital General de Villalba, gestionados por Quirónsalud. El Ministerio de Sanidad ha aclarado que «los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, aplicándose la nueva normativa los procedimientos futuros».
En diciembre de 2025, el Hospital Universitario de Torrejón y Ribera Salud fueron el foco de debate tras el escándalo por la difusión de las grabaciones del CEO del grupo hospitalario, Pablo Gallart, sobre aumentar las listas de espera y cancelar procedimientos para aumentar el beneficio.
En relación con el resto de fórmulas de gestión privada, el anteproyecto establece que la participación de entidades privadas en la prestación de servicios sanitarios de titularidad pública tendrá carácter excepcional. Solo podrá autorizarse cuando no sea posible la prestación directa, se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del sistema, y se cumplan criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. «La gestión indirecta queda limitada. No se va a poder recurrir a ella por capricho o ideología», ha remachado Mónica García.
Este es el caso de la Fundación Jiménez Díaz, en manos de Quirónsalud. Este se encuentra bajo un concierto sustitutorio, que consiste en que la comunidad y la organización acuerdan que el hospital preste asistencia sanitaria pública a cambio de una compensación económica por el servicio, sin impedir que el centro continúe ofreciendo actividad privada.
Antes de formalizar conciertos o fórmulas de colaboración público-privada, será obligatoria una evaluación previa. Las comunidades autónomas deberán elaborar un informe justificativo sobre la necesidad de recurrir a la gestión o prestación externalizada, que será analizado posteriormente por un comité de expertos y técnicos. Además, la norma introduce una cláusula para priorizar a entidades sin ánimo de lucro -como fundaciones u órdenes religiosas- en caso de empate.
El anteproyecto también incorpora medidas para reforzar el control institucional y la evaluación permanente de la gestión de estos centros. Entre ellas, las administraciones sanitarias deberán publicar de forma periódica información detallada sobre contratación, conciertos, resultados en salud y calidad del servicio. Asimismo, Sanidad ha señalado que «las comunidades autónomas y el INGESA deberán dotar a sus centros de instrumentos de buena gobernanza». También se prevé la externalización de auditorías, «siempre que se garantice la incompatibilidad entre la entidad auditora y la auditada para evitar conflictos de interés».
Además, la normativa normaliza la vuelta de los hospitales a la gestión pública y su reversión, con el establecimiento de procedimientos más claros y el apoyo técnico. García ha puesto como ejemplo a la Comunidad Valenciana, donde solo queda un hospital bajo el ‘modelo Alzira’.
De igual importancia, el texto contempla la elaboración de un informe que evalúe las experiencias de gestión privada en el Sistema Nacional de Salud desde 1997, año en el que se aprobó la normativa que se deroga. Este se llevará a cabo en un año. El SNS ha priorizado mayoritariamente la gestión pública. Sin embargo, «la proliferación de modelos privados en las últimas décadas ha derivado en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional», ha recalcado Sanidad. Este es el primer paso para aprobar esta normativa. Ahora tiene que pasar por el Congreso de los Diputados.
A la pregunta de si esta ley verá la luz verde final, Mónica García ha señalado que si los congresistas «consideran que el SNS es algo sagrado y que protege la salud de todos, entiendo que esta ley saldrá adelante». «La ley pone coto a la obscenidad y a las garras especuladoras y privatizadoras de la sanidad».
El Consejo de Ministros también ha aprobado el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes. Se trata de una norma que por primera vez les otorga un marco jurídico propio y refuerza su participación en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El objetivo es consolidar su papel como interlocutores esenciales en la defensa de los derechos de pacientes, familiares y personas cuidadoras.
Hasta ahora, estas organizaciones solo estaban reguladas por la Ley General de Asociaciones, sin una normativa específica. El nuevo texto corrige este vacío y recoge las aportaciones de las principales plataformas del sector, como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, el Foro Español de Pacientes o la Federación Española de Enfermedades Raras. La ley autoriza su presencia en los órganos de gobernanza del SNS y reconoce derechos como acceder a información relevante, participar en la elaboración de estrategias sanitarias y optar a financiación pública con criterios transparentes.
El anteproyecto también crea dos herramientas clave: la Mesa para la Participación de los Pacientes, como espacio estable de diálogo con la Administración, y un Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes que ordenará y acreditará a estas entidades. Además, prevé un tratamiento específico para las asociaciones dedicadas a enfermedades raras, que contarán con requisitos adaptados a su singularidad.
