La intervención de Pedro Sánchez en el pleno de la Sesión de Control resultó insuficiente en términos de concreción y autocrítica. Aunque intentó transmitir empatía y compromiso con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, su discurso se caracterizó por la ausencia de detalles y la falta de asunción de responsabilidades.
Por otra parte, el presidente mostró interés por las víctimas, pero recurrió a expresiones generales y promesas que, por el momento, parecen fórmulas vacías. Sánchez reiteró la promesa de “investigar con rigor” y “informar con transparencia”, sin especificar qué medidas concretas piensa adoptar ni asumir ninguna responsabilidad política relacionada con la gestión de Rodalies o la seguridad ferroviaria.
Durante su comparecencia, Sánchez evitó abordar de manera profunda los problemas existentes y se mantuvo alejado de cualquier tipo de autocrítica. Su discurso estuvo lleno de lugares comunes y buenas intenciones, sin aportar soluciones inmediatas ni dar respuesta a la indignación ciudadana provocada por los repetidos fallos del sistema ferroviario.
En vez de ofrecer respuestas claras y comprometerse con acciones concretas, el presidente optó por refugiarse en el relato institucional y en la promesa de futuras investigaciones. Este enfoque dejó una sensación de impotencia y ausencia de liderazgo en un momento en que la crisis exige decisiones firmes y responsables.
En la parte contraria, las palabras de Núñez Feijóo en el pleno del Congreso, al calificar el accidente ferroviario de Adamuz como “evitable y no una catástrofe imprevisible”, representan una de las acusaciones más contundentes y polémicas lanzadas desde la bancada de la oposición en los últimos tiempos. Al asegurar que el Gobierno debería «sentarse en el banquillo» por «una negligencia continuada con resultado de muerte», Feijóo transita la delgada línea que separa la fiscalización política de la instrumentalización del dolor ajeno. En vez de limitarse a exigir explicaciones, su discurso se vistió de tonos judiciales, advirtiendo al presidente y al ministro de Transportes que “encarguen a sus abogados que lo vayan mirando todo”, lo cual incrementó la crispación en el ambiente parlamentario.
Durante su intervención, Feijóo no escatimó en acusaciones: describió la gestión del Gobierno como una “ruleta rusa con la seguridad de la ciudadanía”, y acusó a Sánchez de insensibilidad, al preguntarle cómo podía hablar “de 47 muertos con semejante insensibilidad”. Además, hizo referencia al “método del galgo de Paiporta”, en alusión a la actitud supuestamente evasiva del presidente ante situaciones de crisis, una expresión popularizada por la presidenta madrileña Díaz Ayuso, y que ha calado en el discurso opositor. Feijóo también mostró una carta fechada el 8 de agosto de 2025, donde los maquinistas advertían de baches y problemas de seguridad en la red de alta velocidad, lo que refuerza la acusación de que el Gobierno estaba previamente advertido sobre las deficiencias.
El líder del PP fue más allá al enumerar hasta “15 advertencias” de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Europea, el BEI o la CNMC, argumentando que “le avisó todo el mundo, les dio igual y eso ha supuesto 47 muertos”. Además, criticó la “amortización” de la Dirección General de Seguridad de Adif y la designación de una persona sin formación técnica al frente de la seguridad ferroviaria, sugiriendo que estas decisiones administrativas contribuyeron al desastre. En su arenga, Feijóo extendió sus reproches a otros partidos y planteó que los socios del Gobierno deberían exigir responsabilidades con la misma severidad que piden al PP.
En este contexto, no deja de ser preocupante que el debate parlamentario se haya transformado en un escenario de acusaciones personales y búsqueda de rédito político, en lugar de un foro de análisis riguroso sobre las causas y soluciones ante una tragedia nacional. El tono empleado por Feijóo, lejos de fomentar un clima de entendimiento y reflexión, contribuye a polarizar aún más la escena política y social. La exigencia de responsabilidades es legítima, pero no debe hipotecar la posibilidad de construir consensos que garanticen la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Frente a la gravedad de los hechos, lo que la sociedad demanda son respuestas claras, transparencia en las investigaciones y un compromiso real de mejora en las infraestructuras y en la gestión pública. Tanto el Gobierno como la oposición están obligados a estar a la altura de la tragedia, evitando caer en el oportunismo o en la estrategia de desgaste. La responsabilidad institucional, la autocrítica y la voluntad de colaboración deberían prevalecer frente a la tentación de convertir el dolor y la indignación en meros instrumentos de confrontación política.
