Más allá de los anuncios, estamos ante un debate que todavía plantea muchas incógnitas y que resulta difícil de valorar en términos de impacto real, especialmente cuando hablamos de decisiones que se proyectan a varios años vista. En la práctica, para la inmensa mayoría del mercado, el mensaje sigue siendo el mismo: el motor de combustión tiene fecha de caducidad comercial.
Desde mi punto de vista, el verdadero debate no está tanto en si habrá o no combustión dentro de cinco o diez años, sino en el contexto en el que se están tomando estas decisiones. Nos encontramos en un momento de enorme transformación del mercado con cambios acelerados en tecnologías, marcas, modelos de negocio y preferencias del consumidor. Introducir regulaciones rígidas en un escenario tan volátil añade un nivel adicional de incertidumbre que no siempre se tiene en cuenta.
El renting, y especialmente el renting para particulares, se mueve en un equilibrio muy sensible entre oferta, precios y expectativas del cliente. Hoy el usuario final compara más que nunca, busca flexibilidad, previsibilidad de costes y soluciones que se adapten a su realidad económica. En este sentido, la velocidad a la que evoluciona la regulación contrasta con la velocidad real a la que el mercado es capaz de absorber determinados cambios, tanto en términos de producto como de precio. Y a esto se suma la dificultad de anticipar cómo evolucionarán variables clave que afectan directamente al renting, como el coste de los vehículos, su depreciación, el mercado de ocasión o la aceptación real de nuevas tecnologías por parte del consumidor medio. La experiencia reciente demuestra que las previsiones a medio plazo en automoción fallan con frecuencia, porque las cuotas de mercado, las tecnologías dominantes y las estrategias de los fabricantes cambian mucho más rápido de lo esperado.
En paralelo, se han planteado objetivos de electrificación ambiciosos que afectan al conjunto del sector. Sin entrar en el detalle de su aplicación a determinadas flotas, lo relevante para el renting de particulares es entender cómo estas decisiones influyen en la oferta disponible, en los precios finales y en la capacidad del mercado para ofrecer alternativas competitivas y accesibles. Al final, cualquier tensión en la cadena acaba trasladándose al cliente final.
Es posible que dentro de cinco años los vehículos eléctricos sean más asequibles, más eficientes y encajen de forma natural en la mayoría de los usos. Ojalá sea así. Pero también es honesto reconocer que hoy convivimos con demasiadas incógnitas como para dar nada por hecho. La prudencia no es resistencia al cambio, sino una forma responsable de afrontar una transición compleja.
Por eso, creo que el mayor riesgo no está en el destino, sino en el camino. Avanzar hacia una movilidad más sostenible es un objetivo compartido, pero hacerlo introduciendo rigideces en un mercado que todavía se está adaptando puede generar distorsiones difíciles de corregir después.
La flexibilidad, la capacidad de adaptación y el respeto a los ritmos reales del mercado serán claves para que esta transición sea viable y sostenible también para el cliente final. Y ese es un matiz que, en el debate regulatorio actual, convendría no perder de vista.
