Esa cifra supone un avance de poco más del 100% con respecto a los 96.848 propios de la misma rúbrica en el ejercicio 2019. Esa tasa de crecimiento duplica el ritmo de avance del 51% que, en el mismo periodo, experimentó la recaudación por impuestos, al pasar de poco menos de 213.000 millones de euros en 2019 hasta los 325.300 millones de los que dio noticia el Ministerio de Hacienda en la pasada Semana Santa. Debe resaltarse que, para hacer más exacta la comparativa, los datos del IGAE considerados se ciñen lo máximo posible al gasto no financiero de la Administración del Estado, el más ligado al funcionamiento de este último y a las decisiones tomadas por el Gobierno en los últimos seis años.
Queda así excluida la cada vez más abultada partida que, cada año, se destina al servicio de la deuda pública, al igual que otros capítulos de carácter semejante como los sistemas de financiación de entes territoriales o el denominado relaciones financieras con la Unión Europea.
El crecimiento del 100% de los gastos no financieros de la Administración del Estado llaman la atención de los expertos consultados en la medida en que han tenido lugar en un periodo de tiempo en el que el Ejecutivo solo ha sido capaz de aprobar, bajo el mandato de la ya exministra Montero, tres Presupuestos Generales del Estado. El cómputo real del gasto del Estado sería todavía mayor si se tuvieran en cuenta los instrumentos ajenos a las Cuentas oficiales, y a al control parlamentario, de los que Hacienda se sirvió profusamente en los últimos ejercicios para gastar más de lo establecido en los Presupuestos de 2023, aquellos que todavía siguen en vigor.
Los desembolsos no financieros del Estado muestran así un ímpetu en su crecimiento que ni siquiera el ritmo de avance de la recaudación puede igualar, pese a que cuenta con sus propios vientos de cola. En concreto, la no deflactación de los tipos en el impuesto que más aporta a los ingresos totales, el IRPF, provoca que el Impuesto de la Renta crezca un 10% en 2025 aun restringiendo la comparativa al año inmediatamente anterior.
Si se toma el conjunto de las Administraciones públicas (incluyendo también a la Seguridad Social, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales), el gasto público se encuentra igualmente en máximos nunca vistos antes en la estadística oficial, denominada por las siglas Cofog (Clasificación de las Funciones de las Administraciones Públicas). Esta última, de momento, solo llega hasta 2024 (el último ejercicio hasta ahora cerrado en este estudio) y para ese ejercicio sitúa el cómputo global en poco más de 725.000 millones de euros. Desde el año 2020 su incremento fue del 25%.
Incrementos de esta envergadura es lo que está provocando que el sector público español esté abocado, ya en el ejercicio 2026, a presentar problemas de desviación respecto a los compromisos presupuestarios contraídos con Bruselas, pese al comportamiento histórico de la recaudación.
El incremento del gasto público también es compatible con el deterioro que determinados servicios públicos experimentan, dado que la inversión stricto sensu se encuentra en retroceso. Las estadísticas más recientes, de nuevo de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, muestran cómo en 2024 la llamada técnicamente formación bruta de capital fijo presentó su primera contracción interanual, de dos puntos porcentuales, desde principios de la década pasada. Aquellas fechas mostraban una coyuntura económica muy diferente a la actual, en la que la crisis de deuda europea abocó a nuestro país a un masivo ajuste para reducir el déficit y la deuda de las Administraciones.
Ni siquiera la recurrente y cuantiosa llegada de fondos europeos Next Generation es en la actualidad suficiente para evitar el retroceso patente en las estadísticas de Hacienda. Tan inusual recorte de la inversión pública total, que pasó de 44.115 millones en 2023 a 43.322 millones doce meses después, coincide precisamente con el primer año de la prórroga presupuestaria que todavía está vigente. Esta parálisis afecta principalmente al Estado, pero también lleva años poniendo en apuros también a comunidades autónomas y corporaciones locales.
