«Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25%», ha publicado el mandatario en su red Truth Social. «Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, NO se aplicarán aranceles. Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100.000 millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto. ¡Nunca antes se había visto algo así en Estados Unidos!», ha añadido.
Sin embargo, todavía no está claro qué mecanismo va a utilizar Trump para aplicar estos aranceles tras el varapalo del Tribunal Supremo de EEUU que, en febrero, decidía anular sus tarifas impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), ya que esta norma no autoriza gravámenes amplios basados en déficits comerciales persistentes.
Las herramientas del Gobierno estadounidense incluyen aranceles bajo la Sección 301 (prácticas comerciales desleales), la Sección 232 (seguridad nacional), la Sección 122 (problemas de balanza de pagos) y la Sección 338 (discriminación contra las exportaciones estadounidenses). De estas opciones, la Sección 122 ofrece la vía más rápida, ya que permite tarifas de hasta el 15% por motivos de balanza de pagos con requisitos procesales mínimos, lo que hace que la implementación pueda ser ‘casi instantánea’ durante 150 días, momento en el que el Congreso debe intervenir.
En este sentido, cabe recordar que con el pacto comercial sellado el pasado verano, Bruselas había accedido a eliminar las tarifas sobre los productos industriales estadounidenses a cambio de un límite arancelario del 15% para la mayoría de los productos europeos. Con todo, el Parlamento Europeo todavía no lo ha ratificado y exige que incluya cláusulas de suspensión si la Casa Blanca impone nuevos gravámenes o dirige nuevas amenazas económicas contra países del Viejo Continente.
