Según ha explicado tras el Consejo de Ministros, se tratará de un real decreto “amplio y transversal” que recogerá propuestas defendidas por distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, con el objetivo de facilitar su respaldo parlamentario.
El plan se articulará en dos grandes bloques. El primero estará orientado a contener los precios, reforzar la estabilidad de los contratos y combatir posibles prácticas fraudulentas en el mercado del alquiler. En este ámbito se contemplan medidas como la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga extraordinaria de los contratos, la obligatoriedad de formalizar los arrendamientos por escrito y la introducción de incentivos fiscales en el IRPF para quienes reduzcan los precios del alquiler.
El segundo bloque se centrará en movilizar vivienda asequible. Entre las medidas anunciadas destacan el aumento del IVA aplicable a los pisos turísticos y diversas actuaciones destinadas a agilizar los procedimientos administrativos vinculados al acceso a la vivienda.
Desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de alcanzar acuerdos para abordar uno de los principales problemas económicos y sociales. En este sentido, la portavoz ha subrayado que dar respuesta a la vivienda constituye una prioridad para la ciudadanía y requiere del consenso entre los distintos grupos políticos.
El anuncio se produce en un contexto de presión política para reactivar medidas ya planteadas anteriormente. El pasado marzo, el Gobierno aprobó una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que vencieran hasta el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, esta iniciativa no fue convalidada en el Congreso tras el rechazo de varios grupos parlamentarios, lo que dejó sin efecto su aplicación.
