El Ministerio ha suspendido la tramitación del convenio colectivo de la patronal de las grandes cadenas de ropa y calzado (ARTE), el primero a nivel nacional de grandes cadenas del comercio textil y que afecta a cerca de 120.000 trabajadores. La parálisis se debe a la necesidad de que la comisión negociadora subsane numerosos aspectos del texto presentado para su registro que no se ajustan a la legislación vigente.
Tras más de dos años de negociaciones, la Asociación Retail Textil España (ARTE), que cuenta, entre otros, con asociados como Inditex, Mango, Primark y H&M, firmó a principios de junio con los sindicatos CCOO y Fetico el texto definitivo para mejorar las condiciones de más de 120.000 trabajadores (reducía la jornada por debajo de 38,5 horas semanales) y poner fin a la convivencia de decenas de convenios regionales; no se unió a la firma UGT, que rechazó el texto.
Ante la decisión de Trabajo, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), a través de su Sector de Comercio y Grandes Almacenes, ha valorado «muy positivamente» la resolución porque supone un «respaldo» a sus advertencias desde que CCOO, Fetico y la patronal decidieron firmar un convenio que, lejos de mejorar las condiciones laborales del sector, incorpora numerosos preceptos que ahora Trabajo considera «incompatibles» con la legislación vigente y que deben ser corregidos antes de que el procedimiento pueda continuar.
Entre las deficiencias detectadas por la Dirección General de Trabajo figuran cuestiones de «enorme trascendencia» para los trabajadores del sector como la regulación de la prioridad aplicativa respecto de los convenios colectivos existentes, la contratación temporal, los contratos de sustitución, las excedencias, las reducciones de jornada o la jubilación forzosa, que deberán ser modificados antes de que el procedimiento pueda continuar.
UGT ha señalado que durante toda la negociación ya había advertido que el convenio de ARTE suponía un «grave retroceso» para miles de trabajadores del comercio y que, además, presentaba «importantes dudas de legalidad» y debilitaba la negociación colectiva territorial y consolida un modelo que incrementa la flexibilidad empresarial en detrimento de los derechos laborales».
