Por otro, reduce el porcentaje de población en edad de trabajar sobre el total -el llamado dividendo demográfico-, lo que frena el crecimiento de la renta per cápita y hace más difícil financiar ese gasto.
Ambos efectos combinados instalan una lógica de escasez en las finanzas públicas que intensifica el conflicto distributivo entre generaciones. Pero el envejecimiento no solo complica la economía: también genera un sesgo político que dificulta su corrección, ya que a medida que el votante mediano envejece, los sistemas democráticos tienden a proteger el gasto presente frente a la inversión en el futuro. La tesis central del trabajo es que el principal obstáculo para la equidad intergeneracional no es económico sino institucional.
Fedea publica hoy el estudio «Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional», de Conde-Ruiz. El trabajo analiza los mecanismos institucionales que perpetúan el sesgo intergeneracional y propone tres dimensiones de reforma para corregirlo.
El estudio documenta que entre 1995 y 2024 el gasto asociado al envejecimiento aumentó 5,3 puntos del PIB, mientras la inversión pública caía del 4,4% al 2,7 %. El dividendo demográfico, que aportó 0,44 puntos anuales al crecimiento del PIB per cápita entre 1980 y 1999, restó 0,19 puntos entre 2000 y 2019, y las proyecciones del INE apuntan a que seguirá siendo negativo en las próximas décadas. En paralelo, en 2017 el número de votantes mayores de 64 años superó por primera vez al de menores de 35, y en 2074 los mayores de 64 representarán el 35% del electorado potencial frente al 20% de los menores de 35.
El trabajo propone corregir el sesgo institucional mediante tres reformas simultáneas.
La primera es dar voz a las generaciones futuras en el proceso político: reduciendo la edad de voto a los 16 años, creando figuras institucionales de representación del largo plazo y exigiendo memorias de impacto intergeneracional en las normas con efectos sobre el futuro.
La segunda es implantar reglas fiscales con perspectiva intergeneracional: además de hacer efectiva la prohibición de déficit estructural del artículo 135 de la Constitución, se propone una regla de simetría por la que cada euro adicional de gasto orientado a los mayores exija un euro equivalente en partidas orientadas al futuro, sin posibilidad de financiarlo con deuda.
La tercera es adaptar el Estado del bienestar a la nueva realidad demográfica; entre otras medidas propone: reformar el sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva longevidad, una jubilación gradual que permita compatibilizar pensión y trabajo a jornada reducida, el desarrollo efectivo de la cobertura de dependencia como seguro colectivo, la adhesión automática a planes de pensiones de empleo complementarios (auto-enrolment) y priorizar los recursos públicos disponibles hacia programas que mejoren el crecimiento de largo plazo o la productividad, como la educación, la I+D+i, las infraestructuras estratégicas o la lucha contra la pobreza infantil, entre otros.
