Cuando la inflación vuelve a acelerarse, no solo suben los precios: se tambalean los cimientos sobre los que se construyen los presupuestos públicos, las previsiones de crecimiento y los compromisos de gasto de cualquier gobierno.
La inflación es el enemigo silencioso de la estabilidad económica porque altera todas las variables. Lo que ayer parecía una previsión razonable de ingresos fiscales, déficit o poder adquisitivo puede quedar desfasado en pocas semanas. Los cálculos macroeconómicos saltan por los aires y obligan a rehacer escenarios que se daban por seguros.
Para las familias, el problema es aún más tangible. Cada décima adicional de inflación erosiona salarios, pensiones y ahorro. La sensación de pérdida de poder de compra se convierte en una realidad cotidiana en la cesta de la compra, la vivienda o los suministros básicos. Y cuando los ciudadanos perciben que su dinero vale menos mes tras mes, la confianza se resiente.
El desafío para el Gobierno es doble. Por un lado, contener el impacto económico; por otro, gestionar las expectativas. Porque los mercados pueden tolerar durante un tiempo una desviación de las previsiones, pero los ciudadanos difícilmente aceptan que se les prometa estabilidad mientras comprueban que su nivel de vida se deteriora.
La política económica vive de las previsiones. La inflación, en cambio, tiene la mala costumbre de desmontarlas. Y cuando eso sucede, ya no basta con revisar cifras: hay que recuperar credibilidad. Ese es, precisamente, el verdadero problema.
