Según el último informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), las 153 entidades analizadas alcanzan un grado medio de cumplimiento del 47,1%, una mejora de 8,2 puntos respecto a 2025, pero todavía por debajo de la mitad de los requisitos exigidos.
La evaluación, que no incluye a los ministerios, examina organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones, mutuas y otras entidades estatales. El análisis verifica si publican información obligatoria sobre presupuestos, contratos, retribuciones o la trayectoria profesional de sus responsables.
El déficit de transparencia coincide con un fuerte aumento de las reclamaciones ciudadanas. Entre enero y junio de 2026 se registraron 1.758 reclamaciones, un 60% más que un año antes. De ellas, 1.211 se dirigieron contra organismos estatales. El CTBG atribuye parte de este incremento a la falta de publicación o actualización de información que debería estar disponible de forma directa.
Tras la evaluación de 2025, el Consejo emitió 2.916 recomendaciones, pero solo se han aplicado 830, el 28,4%. Además, el 21,6% de las entidades no ha ejecutado ninguna medida correctora y casi la mitad ha atendido menos del 20% de las recomendaciones.
Entre las principales deficiencias destacan la ausencia de información obligatoria y la falta de fechas de actualización en numerosos portales. Por ello, la presidenta del CTBG, Concepción Campos, reclama dotar al organismo de capacidad sancionadora para garantizar el cumplimiento de la ley.
La Seguridad Social, entre los peores resultados
Los peores datos corresponden a varios organismos de la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social obtuvo solo 11,8 puntos sobre 100 y no aplicó ninguna de las 30 recomendaciones recibidas. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social logró 8,1 puntos y el Instituto Social de la Marina, 16,3.
En contraste, entidades como el BOE y Palencia Alta Velocidad alcanzaron el 100% de cumplimiento, mientras que MAZ, Mutualia, Murcia Alta Velocidad y Zaragoza Alta Velocidad superaron el 99%.
El Consejo también alerta del aumento constante de reclamaciones por acceso a la información. En 2025 se registraron 2.767, un 40% más que el año anterior, y el 45,5% estuvo motivado por la falta de respuesta de la Administración dentro del plazo legal.
Para el CTBG, el crecimiento de las reclamaciones demuestra una mayor conciencia ciudadana sobre el derecho a la información, pero también evidencia que la transparencia preventiva sigue fallando cuando los datos públicos no están accesibles, actualizados o son difíciles de localizar.
