El Ejecutivo quería aprobar la norma antes del parón estival, pero las reservas de Junts, PNV y Podemos obligaron a posponerla y mantener las negociaciones durante agosto. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que el objetivo no es solo aprobar el texto en el Consejo de Ministros, sino asegurar también su respaldo parlamentario.
El decreto incluye medidas para hacer frente a la crisis habitacional, como la prórroga de contratos de alquiler, incentivos fiscales para propietarios, regulación de los alquileres de temporada, protección de inquilinos vulnerables y cambios en la Ley del Suelo.
La principal dificultad radica en las diferencias entre los socios del Gobierno. Podemos reclama mayores límites a los alquileres y rechaza las modificaciones previstas en la Ley del Suelo. Junts, en cambio, rechaza nuevas intervenciones en el mercado y apuesta por incentivar la oferta y proteger a los pequeños propietarios. El PNV exige garantías sobre las competencias autonómicas y una regulación específica para los alquileres de temporada.
El retraso de la norma provocó críticas de aliados como ERC, que pidió acelerar las negociaciones ante la gravedad de la crisis de vivienda. Desde Sumar se muestran optimistas y confían en que el decreto sea una de las primeras iniciativas aprobadas en septiembre.
El Gobierno espera que algunos ajustes en el texto y la combinación de incentivos y medidas de protección social permitan reunir los apoyos necesarios para sacar adelante una de sus reformas más relevantes de la legislatura.
